Fue destituido e inhabilitado por 10 años debido a pagos irregulares por $3.054 millones a IPS sin contratos.
La Procuraduría imparte la medida sancionatoria por un periodo de 12 años contra el profesor Jairo Molina Soto, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la alma mater.
La investigación interna reveló que el funcionario estaba cobrando a los solicitantes por servicios que debían ser tramitados exclusivamente a través de los canales oficiales de la entidad.
La Corporación ordenó remitir el expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Se trata del intendente de Control Aeroportuario en Bogotá, que también fue inhabilitado por 18 años.