El alto tribunal constitucional dice que hay bajo cumplimiento por parte de varios ministerios y del DPS, ICBF y Ungrd.
La decisión también incluye el pago de cinco salarios mínimos legales vigentes por desatender un fallo de tutela.
También fueron condenados Deiby Cotes Mier, secretario de Educación y el gerente de infraestructura del Distrito.
La sanción está relacionada a la no definición de un sitio para la disposición final de los residuos de construcción y demolición del municipio.
A pesar de las medidas cautelares a favor de las víctimas, se habría cambiado el guion del Museo Nacional de Víctimas.