Los demandantes alegan que el Consejo Nacional Electoral no tuvo en cuenta una prohibición de la ley al momento de reconocer a la colectividad como partido único de manera condicionada.
Los abogados del ‘Rey del Pop’ alegan que el intérprete dejó deudas ascendentes a 500 millones de dólares.
De acuerdo con el órgano de control, el convenio realizado por Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal vulnera los principios de la contratación pública.
La demanda alega que tanto el Estado como el hotel incurrieron en omisiones graves que facilitaron el crimen.
El ex canciller también incluyó en la denuncia al periodista Juan Diego Quesada, corresponsal del diario ‘El País’.