El exministro y la fiscal investigaron en una comisión de la ONU actos de corrupción de 2014 a 2019 en el país centroamericano.
Su apoderado, el abogado Iván Cancino, confirmó que el ex director del Departamento Administrativo de la Presidencia presentó su carta de renuncia a la bancada.
El ente acusador pidió a la Corte Suprema anular parte del proceso contra el ministro de Trabajo, al considerar que uno de los hechos investigados ya no puede ser juzgado por vencimiento de términos.
El exfuncionario es señalado de haber ordenado pagos irregulares a congresistas a cambio de respaldo legislativo. La defensa niega las acusaciones y el acusado no se allanó a los cargos.
El equipo jurídico del exministro asegura que no existen pruebas de direccionamiento de recursos ni instrucciones para beneficiar a congresistas.