La entidad buscará frenar este contrato por más de $42 mil millones, debido a un presunto interés ilícito en su celebración.
La obra tiene más de dos meses de estar paralizada, representando un peligro para la ciudadanía y la movilidad en esta zona.
Según le dijeron fuentes a EFE, sería el contrato más alto en el mundo del fútbol.
La Procuraduría también defendió la gestión de la Registraduría afirmando que el proceso licitatorio se adelantó bajo el marco de la legalidad y transparencia.
La resolución, publicada este viernes por parte de la Cancillería, rige desde el 3 octubre hasta el 31 de agosto de 2025.