El gremio de los comerciantes reitera que un incremento del salario mínimo del 23,7 %, aunque puede resultar atractivo en cifras, no responde a la realidad económica del país.
El senador y precandidato presidencial, calificó la medida como “arbitraria y regresiva” y señaló que representa un golpe contra las políticas sociales impulsadas por el Gobierno.
El Alto Tribunal le ordenó al Gobierno expedir uno nuevo en un plazo máximo de ocho días.
El jefe de la cartera de Interior advirtió que la decisión tendrá consecuencias políticas.
Los demandantes piden dejar sin efecto la normativa por los supuestos impactos económicos que puede generar.