Las tropas se encontraban llevando a cabo un operativo contra la minería ilegal cuando fueron atacadas por al menos 100 personas.
Uniformados habían llegado al corregimiento, ubicado en el municipio de Dibulla, para realizar una captura, pero la comunidad se opuso al procedimiento.
El representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático aseguró que exigir justicia no es un acto criminal, como el secuestro de 70 policías en el Caguán.
Según la institución, los uniformados le dispararon cuando sacó un arma y los apuntó. Los manifestantes incineraron dos motos y los policías debieron salir de la estación.
Comunidad se opuso al cierre de una tienda que incumplió el toque de queda.