La iniciativa busca que los congresistas, sus familiares y cónyuges revelen el conjunto de sus bienes y propiedades para evitar el conflicto de interés. La oposición criticó lo aprobado.
Los ponentes corrigieron la ponencia del último debate y sacaron a congresistas, alcaldes y gobernadores de la elaboración del requisito contractual.
Las federaciones de alcaldes y gobernadores, así como cuatro congresistas de las comisiones primeras de Senado y Cámara tendrían la posibilidad de confeccionar los pliegos de la contratación en el país.
La polémica tiene que ver con la obligación que se establecería de revelar las actividades y las participaciones en sociedades de los familiares de los congresistas.
En el Capitolio nadie asume la responsabilidad del hundimiento de la ley que pedía cárcel para los corruptos. Además, todo sucedió mientras el país estaba concentrado en el partido de la Selección Colombia.