Indignados, dolidos y hasta revictimizados se sienten los padres y la hermana de la subteniente de la Policía Nacional Anlly Lorena Pérez Gómez con la decisión de la Fiscalía General de la Nación de precluir la investigación tendiente a establecer las causas de su muerte.
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El doloroso caso que inició hace cinco años, seis meses y un día cuando la joven falleció, despegó como un homicidio, pasó a feminicidio, luego a suicidio y ahora el fiscal 23 Seccional de Sincelejo, Michel José Gómez Ricardo, alude que se trató de una muerte accidental, pero ninguna, de momento, está probada judicialmente.
Tres fiscales, uno de ellos mujer, han tenido a cargo esta investigación, y en criterio de la defensa de la familia de la subteniente, el abogado Salvador Gutiérrez Lombana, el caso no ha avanzado en nada con los dos fiscales hombres, al punto que a uno de ellos, que ya no está en la entidad porque renunció, lo denunció en su momento en la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Justicia de Sincelejo.
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Sobre este fiscal, el abogado Gutiérrez Lombana señaló en la más reciente audiencia del caso que “no le gustaban los conceptos que daban otros miembros de la Fiscalía sobre lo ocurrido con Anlly, pues este caso ha salido de la esfera de Sucre y aún no avanza en nada”, mientras que la familia, sumergida en el dolor, solo clama justicia y verdad sin que al parecer nadie la escuche.
“Hay 1.200 folios, 4 carpetas, y la Fiscalía no trae evidencias para pedir la preclusión. No preparó esta audiencia”, dijo la defensa de la familia de la joven víctima durante la audiencia virtual de hace un mes.
Dos posiciones
Mientras la Fiscalía en representación del fiscal Michel José Gómez Ricardo le sustentó al juez Tercero Penal del Circuito de Sincelejo que su solicitud de preclusión se ampara en la atipicidad del hecho, porque en su criterio la muerte de la subteniente había sido accidental debido a que tomó el arma de dotación de su pareja, el subintendente Yeison Yair Osorio Osorio (activo en la institución), al tiempo que ella tomaba licor, el abogado de la familia de Anlly Lorena sustenta su postura en que ella sí fue asesinada y antes de eso fue maltratada porque en su cuerpo el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Foreses halló lesiones, incluso “ella fue violada ese día”.
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Hubo hasta forcejeo, peleaban por infidelidad de parte del subintendente Orozco, hubo violencia intrafamiliar, dice el abogado Gutiérrez para demostrarle a la Fiscalía que sí existe en el proceso un cúmulo de hechos probados por las autoridades que comportan delitos y por ello la atipicidad no se configura.
“La teoría de la Fiscalía y del material probatorio recaudado es que ella por accidente accionó el arma de fuego y se impactó ella misma, no queriendo decir que fue un suicidio, sino accidental”, le dijo el fiscal al juez Tercero Penal del Circuito de Sincelejo, Juan Carlos Castilla Cruz, aseverando además que entre las pruebas para ello están dos reconstrucciones de los hechos realizadas en Sincelejo y Bogotá.
A su turno la defensa de la familia Pérez Gómez le pide al juez que niegue la preclusión de la investigación porque “la Fiscalía no llegó a ninguna conclusión con elementos materiales concisos, solo se limitó a evaluar la solicitud de preclusión. Se acoge a la atipicidad, sin que hasta el momento se hubiesen imputado cargos”, pero en la audiencia quedaron al descubierto pruebas que desde ya conoce la defensa de la pareja de la subteniente, algo de lo que fue alertado el juez por parte del abogado Salvador Gutiérrez Lombana.
Los hechos
La muerte de la subteniente Anlly Lorena ocurrió después de las 5:00 de la tarde del 31 de mayo del año 2020, en pleno confinamiento por la pandemia de la covid-19, lo que agravó el estado de alteración en el que la ciudadanía se encontraba.
Los hechos se registraron dentro de la vivienda que la pareja habitaba en el barrio Santa Catalina, de Sincelejo, en momentos en que ambos estaban en el inmueble y el compañero de la oficial tenía su arma de dotación ‘montada’, es decir, con la munición y lista para disparar.
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En criterio del abogado Salvador Gutiérrez Lombana la Fiscalía no sustentó con pruebas contundentes el porqué de la solicitud de preclusión del proceso, solo se limitó a leer la extensa entrevista que le hicieron el 1° de junio de 2020, es decir, un día después del trágico hecho, al compañero sentimental de Anlly Pérez, quien en medio del llanto hizo un relato, según lo dijo el fiscal.
“La Fiscalía no preparó la audiencia (31 de octubre de 2025). No acepto que diga que ella se disparó porque eso no está probado”, le dijo Gutiérrez al fiscal Michel José Gómez Ricardo.
Agrega el abogado que el compañero sentimental de Anlly, ese que nunca se ha presentado a audiencias, que tiene abogado de la defensoría pública y que ahora reclama la pensión de ella (sin que esté resuelto aún), es el único testigo presencial “y manipuló la escena de los hechos, además entregó una versión amañada y mentirosa”.
La aparición de una agenda
También le reprochan al suboficial Osorio que le hubiese aportado al proceso, a través de su padre, una agenda que encontraron dos meses después en el baúl de un carro y que ellos dicen era de Anlly y en la que ella supuestamente escribe un mensaje en el que al decir de estos evidenciaba sus ganas de atentar contra su vida, “pero eso no es cierto. No es la letra de ella. Eso no es legible. Su hermana dice que no es la letra de ella” y además a través de los libros de consignas que llenan a mano en la Policía Nacional su defensa logró comparar y no es la letra de ella.
Ante esto, en medio de la audiencia le solicitaron a la delegada de la Procuraduría, Beatriz Gómez, que leyera el manuscrito proyectado y dijo que no era legible en la pantalla.
Cuestionan así mismo a la Fiscalía General de la Nación porque no le ha dado valoración a lo que hallaron en una búsqueda selectiva en base de datos, en especial en un chat, pero sí valida lo que dice una empleada doméstica que señala a Anlly como la que siempre maltrataba a la pareja y vivían en constantes peleas, y también valida el testimonio de otro policía amigo de la pareja de la subteniente que le habría recomendado a él “no meterle corazón a la relación”.
Igualmente el ente investigador-acusador, a través de unos fiscales, “se ha negado a aceptar el peritaje que dice que no es suicidio. El fiscal está incurriendo en un fraude procesal. El subintendente tiene una facilidad para mentir y además de mentir no acepta confrontaciones”.
El disparo que acabó con la vida de la subteniente, que alcanzó a ser llevada a la urgencia del entonces Hospital Universitario de Sincelejo (HUS), que es el centro asistencial más cercano al lugar de los hechos, fue en la cabeza.
El proyectil 9 mm traspasó el cielo raso de la casa que habitaba la subteniente que, dicho sea de paso, era muy reconocida en el departamento de Sucre no solo por su belleza física, sino también por su carisma. La ciudadanía siempre la recuerda como una joven sonriente.
Para ese entonces comandaba el Departamento de Policía Sucre el recién designado director de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, quien llegó al lugar de los hechos.
