Los escándalos alrededor del proceso de elección de rector de la Universidad de Sucre aumentan con el paso de las horas.
A las denuncias por las pocas garantías que existen dada la presunta intromisión del actuar rector Jaime De la Ossa Velásquez para favorecer las aspiraciones de Johnny Avendaño Estrada, exdirector de Carsucre, y de Juan Carlos Ríos, actual vicerrector Administrativo de la U, a la rectoría, así como la exigencia de votos de egresados a los empleados para las consultas, se suma la aspiración de un abogado con varios procesos judiciales vigentes.
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Se trata de Ramsés Jonás Vargas Lamadrid, el exrector de la Universidad Autónoma del Caribe que fue señalado de la comisión de los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, estafa agravada, omisión del agente retenedor y corrupción privada por un desfalco de 16 mil millones de pesos a ese centro de formación profesional de carácter privado.
Desde que se conoció de sus aspiraciones la ciudadanía se pronunció en su contra a través de redes sociales, por lo que este anunció que declinaba precisamente por los ataques recibidos y hasta amenazas, por lo que el caso lo puso en conocimiento de la Fiscalía.
“Desde que se dio a conocer mi inscripción, he sido blanco de una andanada de ataques y amenazas de muerte a través de las redes sociales, con insultos y comentarios intimidatorios contra mí y mi familia. Esto ha generado una gran zozobra en mi esposa y mis hijos menores”, afirmó.
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Ramses Jonás Vargas Lamadrid era uno de los 10 inscritos para aspirar a la rectoría de la universidad pública de Sucre, a la que también quieren llegar el exministro de Ciencia, Tecnologías e Innovación, Arturo Luis Luna Tapia; el exdirector de Carsucre, Jhonny Alberto Avendaño Estrada; el médico cirujano Édgar Enrique Vergara Dagobeth; el biólogo Olimpo José García Beltrán; los administradores de empresas Santander José De la Ossa Guerra, profesor de Unisucre, y Juan Carlos Ríos Álvarez, vicerrector administrativo Unisucre; el zootecnista y exdiputado de Sucre por el Partido Liberal, Máximo Manuel Calderón; la ingeniera de minas Rosa Ali Pastrana Argumedo, y la bióloga Lily Paola Martínez Abad.
Procesos activos
Fuentes judiciales señalaron a EL HERALDO que Ramsés Jonás Vargas Lamadrid tiene procesos activos por distintos delitos en las ciudades de Bogotá y Barranquilla.
A la capital del país la Fiscalía se llevó una investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, luego de que se informara sobre el supuesto desfalco de al menos 80 mil millones de pesos de las arcas de la Universidad Autónoma del Caribe, entre el período en que este entró como miembro de la junta directiva y luego como rector.
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En el caso de la capital del Atlántico, el proceso en contra de Vargas Lamadrid está en audiencia preparatoria de juicio en el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Barranquilla por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito, corrupción privada, administración desleal, falsedad en documento privado y estafa.
Recordemos que Ramsés Vargas fue capturado en noviembre de 2018 en Cartagena luego de escapar de Barranquilla y permanecer escondido en un motel del sector del barrio Crespo.
Para aquella fecha, Vargas Lamadrid se habría internado en la capital de Bolívar con la intención de salir del país luego de que en Barranquilla empezaran a darse las primeras detenciones contra un grupo de colaboradores de la Universidad Autónoma del Caribe.
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En su momento, las autoridades dieron captura a 9 personas vinculadas al centro educativo en cargos administrativos, cuando Vargas fungía como rector.
Por casi 6 meses se realizó el proceso de investigación contra estas personas por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, estafa agravada, omisión del agente retenedor y corrupción privada.
Luego de audiencias preliminares, un juez de control de garantías ordenó el traslado a prisión de Ramsés Vargas, pero con el tiempo este salió en libertad bajo la figura de vencimiento de términos.
También es conocido que el exrector demandó a la Universidad por 7.366 millones de pesos exigiendo el pago de cesantías, prima de servicios, vacaciones, otras prestaciones laborales y la indemnización por despido indirecto al empleador.
