Carlos Arturo Valerio Betín, el capitán indígena de la vereda Enlatá que pertenece al Resguardo Colonial Toluviejo situado en la subregión del San Jorge sucreño, es otro testigo de una masacre ocurrida en el departamento de Sucre que de momento no cuenta con protección.
Este líder étnico es el sobreviviente de la masacre ocurrida la tarde del sábado 24 de octubre en una zona cenagosa del municipio de San Marcos hasta donde llegaron hombres armados a bordo de una chalupa y abrieron fuego contra indígenas y campesinos que estaban en la finca Los Caracoles, cerca de la ribera del Caño Caimán, las dos zonas donde quedaron tendidos los cadáveres de Lácides Manuel Cochero Alba, de 46 años; de su primo Darwin Rafael De Hoyos Madera, de 42; del abogado Arquímedes Getulio Centanaro Carriazo, de 50 años; de Julio Eduardo Hoyos Moreno, de 75 años, y de su hijo Óscar Javier Hoyos Banquet de 42.
Al igual que Valerio Betín, en Sucre también es sobreviviente de la masacre contra tres personas ocurrida el 25 de enero de 2018 en La Guaripa, zona rural de Sucre-Sucre, en la subregión Mojana, José Miguel Beltrán Osorio, quien no tiene protección y dice que le ha tocado estar de un lado a otro.
'Está escondido'
Adil Meléndez, abogado, líder afro de Sucre, defensor de Derechos Humanos y miembro del Movice, le dijo a EL HERALDO al mediodía de ayer que el sobreviviente de esta masacre está en la zona donde ocurrieron los hechos, 'está escondido porque teme por su vida y nosotros desde el Movice estamos adelantando las acciones para que tenga todas las garantías de protección que necesita'.
Sectores políticos y sociales también piden proteger al sobreviviente de esta masacre. La senadora Aida Avella, presidenta de la Unión Patriótica, hizo el llamado a través de su cuenta de Twitter: 'La @UNPColombia tiene la obligación de proteger al líder indígena Carlos Valerio Betín, sobreviviente de la masacre de Sucre. Repito, el Estado tiene la obligación de proteger a los ciudadanos. No es deber del Estado proteger a los masacradores'.
A su vez el Movice trinó: 'Exigimos protección a la vida de Carlos Arturo Valerio Betín, líder de la comunidad indígena Zenú, sobreviviente de la masacre, así como a todas las personas que hacen parte del cabildo'.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, citando las denuncias de este diario, alertó 'a los organismos de derechos humanos y a las autoridades: @FiscaliaCol, @PGN_COL, @DefensoriaCol, @GobSucre, @SucrePolicia, sobre la situación de riesgo en la que se encuentran estas familias. (...) El sobreviviente había entutelado a la Alcaldía de San Marcos por un procedimiento irregular de desalojo, y un juzgado admitió su tutela por presunta violación de derechos a defensa, debido proceso y acceso a la justicia'.
Mientras que Global Justice Association señala que 'se teme por la vida del sobreviviente, quien exige garantías de seguridad y que la masacre está asociada a la reclamación de tierras de las comunidades indígenas y campesinas de la zona'.
Entre tanto, el líder de la oposición Gustavo Petro, senador de la Colombia Humana, dijo que algunas de las víctimas son cercanas a su movimiento.
Las denuncias
El líder indígena había anunciado denuncias penales en contra de la Alcaldía y la Secretaría del Interior de San Marcos, así como contra particulares, por un procedimiento policivo de desalojo aparentemente ilegal contra unas 200 viviendas indígenas y campesinas.
En un documento dirigido al secretario del Interior, Rodolfo Hernández, señala: 'Usted usurpó las funciones cuando adelantó el procedimiento policivo (...), cuyo querellante es el señor Rafael Rivera, porque esa ciénaga pertenece al municipio de San Benito Abad (...), un delito penal'.
Autoridades de Sucre ofrecen una recompensa de 50 millones de pesos
Tras varias horas de silencio y después de finalizar un consejo de seguridad en el municipio de San Marcos, las autoridades de Sucre se pronunciaron.
Lo hizo el gobernador Héctor Espinosa Oliver para rechazar el hecho violento en el que perdieron la vida las cinco personas, y de paso ofreció una recompensa de $50 millones por la información que permita dar con el paradero de los responsables.
'Rechazamos rotundamente estos hechos que nos reclutan a todos; no solamente al San Jorge, sino a todo el departamento de Sucre y a Colombia. Nuestro deber como Estado, cómo instituciones, es dar resultados rápidos de los autores intelectuales y materiales. Por eso estamos ofreciendo una recompensa de $50 millones a quien nos dé información para encontrar a los responsables de este lamentable hecho aquí en San Marcos', expresó el gobernador a través de un comunicado de prensa dado a conocer en la noche del domingo.
Anunció además la instalación de una mesa permanente con todos los actores de la sociedad civil y sus representantes, con la fuerza pública y del Estado para analizar la problemática de tierras en el San Jorge y así identificar problemas, prevenir, buscar soluciones y darles seguridad y tranquilidad jurídica a los propietarios, pero también darles garantías a los pretendientes de tierras en la su región.
Finalmente, se conoció que el próximo jueves la Agencia Nacional de Tierras hará presencia en la zona.
'En la institucionalidad hay negligencia'
El defensor de Derechos Humanos en Sucre y miembro de la Mesa de Garantías, Rodrigo Ramírez Salazar, repudió la masacre ocurrida la tarde del sábado en zona rural de San Marcos donde perdieron la vida cinco ciudadanos, y aseguró que era una situación advertida, pero la institucionalidad no actuó porque ha sido negligente. 'La situación actual del departamento de Sucre había sido advertida; sin embargo, pese a existir consejos de seguridad y mesas de garantías y pese a las advertencias y recomendaciones de la Defensoría del Pueblo en sus informes de riesgo y de las organizaciones de Derechos Humanos que acompañamos esos procesos, lamentablemente la respuesta de la institucionalidad ha sido nula. Esa omisión y negligencia de la institucionalidad en Sucre es lo que ha conllevado a la materialización de los riesgos previstos', dijo.
Ramírez agrega que la realización de los consejos de seguridad y las mesas de garantías en lugar de ser escenarios para buscar soluciones se convierten 'en espacios de vulnerabilidad para quienes participan en los mismos, porque es importante señalar que hay funcionarios públicos y de la institucionalidad que participan en esos escenarios y tienen vínculos de consanguinidad y amistad y/o afinidad con los victimarios; es decir, con quienes nosotros denunciamos que están contratando actores armados irregulares para atentar contra la población campesina, contra las comunidades', advierte Ramírez, quien considera que estas personas al no declararse impedidas también tienen responsabilidad en lo que ocurre.
Y rechaza que los gobiernos realicen consejos de seguridad con terratenientes y no con los campesinos que sí conocen la zona y la problemática.
