Las denuncias que los veedores ciudadanos del departamento de Sucre realizaron sobre presunta feria de contratos para la prestación de los servicios a la primera infancia en esta vigencia dieron pie para que la Procuraduría General de la Nación le aperturara al entonces director Juan Francisco Ortega Hernández una investigación disciplinaria.
Ayer, con ocasión de esa denuncia y por ende la investigación, una comisión del Ministerio Público liderada por la procuradora Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial, Liliana García Lisarazo, se tomó desde el mediodía la sede del ICBF en Sucre con la finalidad de recaudar pruebas que le permitan ahondar en este proceso que lo asume esa delegada con apoyo de la Regional de Sucre en cabeza de Lesvia Montalvo Díaz, quien hizo parte de la comisión.
Anoche, al cierre de esta edición, las cuatro funcionarias del nivel central y la de Sincelejo permanecían en la entidad.
La visita, anunciaron las funcionarias a su ingreso, era para la Dirección Territorial que ahora está en encargo desde el nivel central porque el titular Juan Francisco Ortega fue declarado insubsistente.
Además de las investigaciones disciplinarias de la Procuraduría y de la oficina de control interno disciplinario del ICBF, el exdirector de esta entidad también afronta una penal ante la Fiscalía por los delitos de porte ilegal de armas y lavado de activos. En la Fiscalía también denunció que por la firma de los contratos que lo emproblemaron fue amenazado de muerte.
Ortega Hernández está en libertad, pero vinculado a todos los procesos antes mencionados.
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