La decisión de revocar o no la medida de aseguramiento que pesa en contra de los esposos Manuel del Cristo Cadrazco Salcedo, electo alcalde de San Benito, y Milagro Martelo Imbett, debe correr por cuenta de los juzgados penales de Sincelejo y no del Primero Promiscuo Municipal de San Marcos como lo pretendió hacer en dos audiencias fallidas la titular de este despacho Luz Marina Quintero Yépez.
A esta decisión llegó el Tribunal Superior de Justicia de Sincelejo, con ponencia del magistrado Leandro Castrillón Ruiz al resolver un lío de competencias que fue puesto de presente a la juez de San Marcos el pasado 17 de febrero por parte de la Fiscalía y la Procuraduría, y que fue el espacio en el que la juez también sacó a relucir unas intimidaciones y/o presiones, de allí que el representante del Ministerio Público, que tiene agencia especial en este proceso, la conminara a denunciar.
El Tribunal ordenó el envío del expediente de forma inmediata al Centro de Servicios de Sincelejo para que por reparto uno de los cuatro juzgados realice la audiencia.
Tanto la Fiscalía como la Procuraduría le advirtieron a la juez de San Marcos que en esa población no había ninguna circunstancia especial para que esa diligencia se realizara allá, pues los casos ocurrieron en Sincelejo, al tiempo que sacaron a relucir que la juez de Caimito, donde la defensa de los Cadrazco-Martelo también hizo esta solicitud, la rechazó por no tener competencia.
Los Cadrazco-Martelo son procesados por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
