La Contraloría General de la República detectó a través de una auditoría al Municipio de Morroa, Sucre, unas irregularidades con alcance fiscal por el orden de los 251 millones de pesos.
Entre ellas está el pago de servicios del régimen subsidiado que no se prestaron a 27 afiliados, lo que lleva al ente de control a advertir que en Morroa los recursos del Sistema General de Participación, del área de libre inversión, están 'en peligro'.
También determinaron irregularidades relacionadas con adquisición de textos y sillas escolares.
Los 251 millones de pesos están representados en 13 hallazgos con incidencia fiscal, 21 de carácter disciplinario y 13 con posible connotación penal.
fallecidos en 2017 y 2018. Según la Contraloría que estos presuntos malos manejos se efectuaron en el año 2018 en la administración de Carlos Solano Corena, vigencia en la que recibieron $9.615.955.863 por transferencias del SGP, que fueron ejecutadas en más del 99%.
Sin embargo, evidenciaron que su manejo no es el más adecuado.
'En el Régimen Subsidiado existen 27 afiliados fallecidos entre las vigencias 2017 y 2018 que aún aparecen registrados en la base de datos correspondiente que lleva el municipio, lo que genera que se hayan invertido recursos en servicios que efectivamente no fueron prestados'.
La Contraloría determinó también que se vulneró el principio de planeación en la adquisición de textos escolares para los centros educativos de Morroa, sin existir necesidad real de ellos, ocasionándose un detrimento patrimonial por $108.990.900 y presunto alcance penal.
Otras irregularidades
Otro hallazgo: en el proceso de selección adelantado para la adquisición de sillas escolares, la administración rechazó injustificadamente la oferta de menor precio y aceptó la de mayor valor, ocasionando un detrimento patrimonial por $3.351.882, situación que tiene presunto alcance penal.
Y en contratos de mínima cuantía para ejecutar actividades del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas -PIC, se determinaron faltantes correspondientes a actividades no desarrolladas, que suman $15.024.000 y generan posibles conductas de tipo disciplinario y penal.
