Un cúmulo de evidencias que van desde documentos hasta años de interceptaciones telefónicas anunció ayer la Fiscalía en el inicio de las audiencias preliminares a Manuel del Cristo Cadrazco Salcedo, exalcalde y candidato a la Alcaldía de San Benito Abad (Sucre), y su esposa Milagro Piedad Martelo Imbett.
Una fiscal de Bogotá, acompañada de un equipo de peritos financieros de la Dijin, fue extensa en exponer que el multimillonario patrimonio de los esposos es producto, al parecer, de actividades al margen de la ley.
La funcionaria expuso un perfil financiero, que denominó evolución económica, tanto de Cadrazco como de Martelo y que para el ente investigador encajan en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Para el caso de Cadrazco, el cuestionamiento se basó en que su sueldo como alcalde de un municipio de sexta categoría, no le daría para amasar una fortuna tan grande.
'No solamente ayudó a este municipio a salir de la pobreza, sino que incrementó sus arcas y sus patrimonios de una manera notable. Más de 3 mil millones de pesos están en cabeza del señor Manuel', sostuvo la fiscal.
Uno de los audios contra Cadrazco, de profesión comunicador social al igual que su cónyuge, lo mostró la Fiscalía en diapositivas con transcripciones. Es una conversación en la que menciona a un Pedro del que refiere que manejó personal que Cadrazco ya había 'manoseado'.
'Yo con todos esos manes cometí todas las irregularidades y con esos manes me beneficié. Yo les quitaba… una vez Ricardo, hasta falsificaban la firma de Mónica para cobrar el cheque y me lo cogí. Y le dije: ‘Cada vez que vayas a falsificar, yo me entere. Tú haces eso, me das la plata o te denuncio. Ricardo me daba plata. Yo tengo 8 cheques que Edgardo sabe, pregúntale que me lo cogí, se iba a robar unos de 60 millones de pesos. Y le dije: ‘No, si no me das 30 o 25 millones, te denuncio. Me los tuvo que dar’'.
Al cierre de esta edición, la Fiscalía no había dado mayores detalles sobre el Pedro que mencionan en el audio. Pero es bien sabido que el Pedro más conocido en la vida de Cadrazco es Pedro Tomás Martelo Imbett, hermano de su esposa y alcalde de San Benito Abad en el período anterior, quien escuchó atento las evidencias.
En lo que respecta a Martelo, de profesión comunicadora social-periodista, solo en el período entre 2008 y 2014, cuando su esposo fue alcalde, declaró cero pesos de ingresos laborales, pero la investigación detectó que había adquirido 308 millones 149 mil pesos.
'Puede decirse, en gracia de discusión, lo ha obtenido a lo largo de cinco años, y a lo largo de cinco años, obvio y de manera concreta, tiene un patrimonio bastante considerable', explicó la fiscal.
Martelo, según la Fiscalía, adquirió préstamos millonarios y que ello es una operación propia del lavado de activos, como también de operaciones cambiarias, 'porque, a pesar de no poderse establecer de dónde provienen sus recursos, sí existen estas clases de operaciones'.
Los Cadrazco Martelo conformaron en 2012 una sociedad comercial denominada Agropecuaria Camar S.A.S., de la que el ente investigador sentenció, sin vacilaciones, que había sido constituida como una 'fachada' para sus operaciones presuntamente delictivas.
Otro de los audios producto de interceptaciones da cuenta de una finca de propiedad de Cadrazco y que relaciona como la fuente de financiación de una de sus campañas políticas.
'De aquí a diciembre hago 4.000 millones de pesos con dos fincas que voy a vender y dejo 2 mil para pa’ el debate y los otros 2 mil los invierto', se escucha.
Para la fiscal del caso, esta interceptación muestra que Cadrazco, aprovechando la oportunidad que la ciudadanía le dio de ostentar un cargo público para satisfacer las necesidades del municipio, en contra de ese mandato, contrató en beneficio personal.
'En estas épocas electorales, hay que sacar recursos de donde sea. Pero quienes son candidatos y llegan a curules saben que esos dineros, si no se actúa de una manera limpia y transparente, fácilmente se pueden retribuir y se pueden obtener multiplicados y hasta triplicados', expresó la fiscal.
Al cierre de esta edición, los esposos no habían aceptado los cargos y había un receso antes de que la juez decidiera si los envía o no a la cárcel como lo pidió la Fiscalía por considerar que son un peligro para la sociedad y que pueden obstruir la investigación.
