Ronaldo Herazo Bertel, el popular ‘Rildo’, que según las autoridades es el cerebro del ‘Cartel de los enfermos mentales’ en Sucre, no colaborará con la justicia para esclarecer estos hechos de corrupción como lo había anunciado desde las audiencias preliminares.
La razón es que los beneficios que le exigía a la Fiscalía, al parecer. no se ajustaban a la ley y una muestra de ello es que los dos preacuerdos que firmó fueron desaprobados por dos juzgados de garantías en Sincelejo.
‘Rildo’, a través de su defensa a cargo del jurista Inocencio Meléndez, estaban en la construcción de un nuevo preacuerdo con la Fiscalía Sexta Anticorrupción, pero este no llenó las expectativas de las partes y en razón a ello en las últimas horas el ente radicó el escrito de acusación en su contra.
Esta diligencia está programada para el próximo 4 de septiembre a partir de las 10:30 de la mañana y correrá por cuenta del Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo.
Es de anotar que el último preacuerdo que no le fue aprobado a ‘Rildo’ se produjo el 6 de junio y lo hizo el juez Cuarto Penal del Circuito al considerar que por los delitos contra la Administración Pública no procede la casa por cárcel que figuraba en el documento.
Así las cosas, ‘Rildo’ continuará privado de la libertad en la cárcel de Corozal y será acusado por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito de particulares.
Lo que de momento no se sabe es qué pasará con los más de 600 millones de pesos que Ronaldo Herazo entregó al Gobierno Departamental a través de una cuenta bancaria y que serían el 50% del valor total a devolver, pero ese valor total solo sería del que él se habría apropiado puesto que los demás vinculados en este escándalo de corrupción, entre ellos los secretarios de salud José Jorge Madera Lastre, Nayibe Padilla Paternina y Efraín Suárez, deben devolver otros recursos ya que en su contra hay un proceso de responsabilidad en curso.
La primera condena por estos hechos, que es de 10 años, 9 meses y 4 días, ya le fue impuesta a Ernesto Bladimir González, representante de la IPS Nuevo Amaneceres y quien fue uno de los que se allanó a cargos.
