Recordar las normas que rigen el proceso de empalme entre las administraciones entrantes y salientes que en algunos casos se ven supeditados a la voluntad de los actuales gobernantes, fue el objetivo del encuentro liderado por la Procuraduría y los mandatarios.
José Jaime Uscátegui Pastrana, asesor de la Procuraduría Delegada para la Descentralización, manifestó que cuando hay diferencias políticas en las dos administraciones pueden presentarse este tipo de inconvenientes.
Sin embargo, la norma es clara que el empalme se debe realizar conforme a unos plazos, a más tardar el 15 de diciembre el alcalde electo debe tener a su disposición toda la información para que así comience a elaborar su Plan de Desarrollo.
Además hay un plazo formal para que a partir del 31 de diciembre y hasta los próximos 15 días hábiles, se presente un informe definitivo que es la denominada Acta de Informe de Gestión.
Esto fue dado a conocer a todos los 26 alcaldes de Sucre quienes asistieron a la convocatoria en el auditorio Fortunato Chadid de la Gobernación.
La Procuradora Regional de Sucre, Margarita Sarmiento Barragán, manifestó que los empalmes se han convertido en un proceso complicado.
'Algunos mandatarios creen que hacen el empalme si quieren y no han podido entender que es una obligación legal', acotó.
Sostuvo que los alcaldes se excusan diciendo que primero 'están arreglando la casa pero llevan 3 años y 11 meses y no es justo que se siga esperando'.
Las alcaldía que más han avanzado son: Sincelejo, Tolú, Betulia, Corozal y la Gobernación de Sucre.
'Los alcaldes que no entreguen información a tiempo y se les compruebe dolo, serán sancionados con destitución e inhabilidad por 20 años para ejercer cargos públicos', explicó Sarmiento.
El asesor de la Procuraduría Delegada para la Descentralización de igual forma dio a conocer que según Índice de Gobierno Abierto (IGA), que es la medición que hace la Procuraduría de manera anual, Sucre se encuentra en el puesto 24 entre los 32 departamentos.
El resultado que arroja los datos del 2014 da cuenta que hay deficiencias en los indicadores que mide el índice por lo que, según el funcionario, se necesitan mejorar algunos aspectos.
'Se mide la organización de la información, los sistemas de control interno, la ley de archivos, exposición de la información, si se registra todo en el sistema de información nacional y el diálogo alrededor de la misma información', explicó el asesor.
Pese a ello los alcaldes sostuvieron que sí estaban cumpliendo con los requerimientos del IGA, sin embargo, el funcionario les manifestó que deben reportarlo a las entidades del nivel nacional.
