La xenofobia, la discriminación, la solicitud de documentos migratorios e incluso la desinformación son algunos de los factores de los que algunas entidades en Colombia se valen para evitar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, para mujeres migrantes.
Si bien la Corte Constitucional reconoce que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho íntimamente ligado al derecho a la vida, a la salud, a la integridad, a la autodeterminación, intimidad y dignidad de las mujeres, no es menos cierto que quienes acuden a este servicio se enfrentan a un marco restrictivo y discriminatorio para el acceso a la prestación del servicio de IVE, lo cual se agrava en aquellas mujeres con un estatus migratorio irregular y, entre ellas, las caminantes.
La situación fue dada a conocer por medio del informe ‘Uno pasa por muchas cosas’, elaborado por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, con el apoyo de la Fundación Oriéntame y Médicos del Mundo, quienes identificaron las barreras de acceso al aborto y a otros servicios de salud sexual y reproductiva como la anticoncepción, la atención del parto y la atención de las violencias basadas en género, que experimentaron las mujeres venezolanas refugiadas y migrantes en Colombia.
El marco de la investigación radica entre los años 2018 y 2021, aplicada a los casos conocidos en Bogotá, San José de Cúcuta, Soacha, Ipiales y reportes de diferentes poblaciones de la Costa Caribe.
