Por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, peculado, falsedad material en documento público y administración desleal, fue procesado el coronel retirado del Ejército, Juan Manuel Ordóñez Vallejo.
El procedimiento judicial fue dado a conocer este sábado 24 de abril, por parte del director Especializado contra la Corrupción de la Fiscalía, Eduard Alirio Calderón.Según el ente acusador, los hechos por los cuales es procesado el coronel (r) habrían ocurrido entre los años 2016 y 2017, cuando Ordóñez Vallejo, fungía como subcomandante del Batallón Rifles del Ejército Nacional y supuestamente puso las tropas militares al servicio de la seguridad privada de empresas mineras en el sur de Córdoba.
'Entre el 30 de diciembre de 2016 y 14 junio de 2017, el entonces oficial habría ordenado a las tropas de su unidad militar custodiar los yacimientos de dos empresas mineras en Puerto Libertador, Córdoba; así como las oficinas administrativas ubicadas en Medellín, Antioquia', narró Calderón.
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Por estos hechos, la Fiscalía imputó al Coronel en retiro los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, peculado por uso, falsedad material en documento público y administración desleal.
'Estas actividades fueron sustentadas con un supuesto convenio suscrito entre el Ejército Nacional y las compañías que requerían acompañamiento. Sin embargo, el coronel Ordoñez Vallejo no tenía autorización del Ministerio de Defensa ni estaba facultado para realizar este tipo de acuerdos. Tampoco podía disponer de uniformados, vehículos, armas y munición', dijo el director Especializado contra la corrupción de la Fiscalía.
Según las autoridades, hay indicios de que el oficial habría firmado 18 falsos acuerdos para vigilar zonas de explotación minera.
'El entonces subcomandante presuntamente recibió $7’000.000 por unos de los servicios ilegales concertados. Está acreditado que este dinero no lo recibió el Ejército Nacional ni estuvo representado en donaciones de material de campaña e intendencia, logística, mantenimiento de vehículos, equipos de comunicaciones o construcciones en las instalaciones militares', dijo.
Durante las autoridades preliminares se logró establecer que las empresas mineras llegaron a pagar hasta $904’712.878 millones de pesos por lo que denominaban ‘contribuciones por seguridad al Ejército Nacional’.
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El funcionario del ente acusador sostuvo que el oficial procesado no aceptó los cargos y, por disposición del juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en el lugar de residencia.
'En el curso de esta investigación, la Fiscalía ha logrado la judicialización de 10 personas, entre militares y particulares ligados a esta investigación', puntualizó el Fiscal.
