Los gobernadores del país ratificaron ayer su inconformismo por las cuatro medidas anunciadas por el Gobierno Nacional, que golpean las finanzas de los entes territoriales.
Los mandatarios expresaron su preocupación por las condiciones en las que Gobierno les otorga el manejo del Programa de Alimentación Escolar (PAE), las partidas para cofinanciar el régimen subsidiado de salud con recursos de los territorios que son cedidos a la Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), el reciente decreto de protección líderes sociales y comunales, y los precios promedio de bebidas alcohólicas certificados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, dijo que es importante que los mandatario departamentales se unan para alzar la voz contra 'las medidas centralistas del Gobierno'.
'El desarrollo del país tiene que ser impulsado desde las regiones y no con medidas que atenten contra las finanzas territoriales que ya han sido bastante reducidas', expresó Verano.
El mandatario de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, insistió en que es clave la unidad de los gobernadores para frenar la recentralización que pretende el Gobierno Nacional. 'El centralismo es una bestia que embrutece. La descentralización es una lucha que no podemos perder', advirtió.
CUATRO QUEJAS
Sobre el Programa de Alimentación Escolar, los gobernadores continúan en sesión permanente, como lo acordaron el 19 de enero en Cartagena. Esta semana avanzaron en la realización de una mesa técnica con el Gobierno y la Procuraduría para hacer efectiva la entrega definitiva de este programa al Ministerio de Educación Nacional.
El segundo punto de inconformismo es el decreto de operación de la Adres. Los gobernadores ratifican la posición fijada en el acuerdo suscrito con el ministro de Salud, el viceministro de Hacienda y el alto consejero para las Regiones, el pasado 15 de enero de 2018 en Bogotá.
Los mandatarios ven con preocupación el no lograr un acuerdo final en la mesa de redacción del nuevo decreto y reiteran que los mayores recaudos por concepto del impuesto al cigarrillo son propiedad de los Departamentos y deben descontarse de la matriz de cofinanciación 2018 y de los años posteriores.
Respecto al decreto (2252 de 2017) de protección de líderes sociales y comunales, respaldan esta reglamentación que contribuye a proteger la vida de los líderes en las diferentes regiones de Colombia, sin embargo, esta se plantea mediante un esquema de descentralización disfuncional, que continúa trasladando competencias sin la correspondiente asignación de recursos para su financiación.
El cuarto punto conversado fue el de los precios promedio de bebidas alcohólicas certificados por el Dane. Los gobernadores rechazan la interpretación que le ha dado el Dane a la metodología de cálculo de los precios de referencia de los licores, que ha implicado que la base de los precios promedio disminuya en más de 30%.
Esta medida afecta seriamente las rentas de los departamentos. Implicaría una pérdida de $47.000 millones para Antioquia y $52.000 millones para Cundinamarca, por citar dos ejemplos.
Para dar solución a estos problemas, los mandatarios solicitaron una reunión de carácter urgente con el Ministro de Hacienda para este lunes 29 de enero en Bogotá.
