La Procuraduría General de la Nación solicitó cerrar el Parque Nacional Regional Johnny Cay, en San Andrés, a fin de proteger el medio ambiente.
Esto, dentro de una acción popular presentada en el Tribunal Superior de San Andrés, en la que pidió medidas para garantizar la seguridad, salubridad y medio ambiente sano y la reevaluación del régimen de ingreso de turistas y de las actividades comerciales realizadas dentro del parque.
El Ministerio Público formuló una solicitud de desacato respecto de una sentencia del 17 de febrero de 2014, que amparó los derechos e intereses colectivos y el goce de un ambiente sano, conminando al municipio de Providencia y Santa Catalina para obtener la potabilización del agua del municipio.
La entidad también instauró un incidente de desacato en contra de la gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, porque no haber hecho el debido seguimiento sobre la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE) frente al control poblacional en la isla.
Finalmente, ante el Tribunal Superior de Cartagena se solicitó el desacato de la sentencia T-284 de 1995, emitida por la Corte Constitucional en la cual se disponía, entre otras, la prohibición de otorgar licencias de construcción en áreas protegidas dentro de la isla, hasta tanto no se cuente con redes de alcantarillado adecuadas.
Luego de la visita realizada por el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, a San Andrés el 17 de febrero de 2017, se conformó una Comisión Especial que adelantará acciones para la protección de los recursos naturales existentes en la Reserva de Biosfera Seaflower.
