Óscar Altamiranda, de 17 años, uno de los tres jóvenes que murió calcinado el 28 de mayo pasado al estallar la camioneta en la que transportaba gasolina de contrabando, iba a recibir 50 mil pesos por llevar varios tanques cargados de combustible entre Maicao y Valledupar.
'No le importó el peligro que significaba', asegura su padre Heriberto, al recordar la tragedia en zona rural de San Juan del Cesar, en la que además murieron Jorge Luis Torres, de 20 años y Diomar Ovalle, de 19.
Dice que Óscar siempre fue un 'muchacho inquieto' al que le gustaba trabajar, aunque él le insistía en que estudiara. 'Mi muchacho pensaba en tener dinero y por eso le aconsejaba que tuviera cuidado. Además, nunca le permití que trabajara en la venta de gasolina, por eso se fue a La Guajira sin permiso, sin decir para dónde iba, porque sabía que se lo iba a prohibir', narra entre lágrimas.
José Alfredo Bautista, primo de Jorge Eliécer otra de las víctimas, expresa que 50 mil pesos no compensan el peligro que un transportador de gasolina debe afrontar. 'Eso –añade– es lo que les pagan por arriesgar la vida' y afirma que es una 'bomba' lo que estas personas llevan en esos vehículos. 'No estoy de acuerdo con eso', admite.
Conscientes del riesgo. Así trabajan estos ‘kamikazes’ que a diario recorren vías y trochas cargados de gasolina traída de Venezuela. Familias que han perdido a estos suicidas de la ilegalidad expresan que ellos son conscientes de que 'en cualquier momento 'pueden morir en las carreteras, como ha ocurrido varias veces.
Pese a ello siguen conduciendo a altas velocidades viejos carros y camionetas repletas de canecas entre La Guajira y el Cesar. Los choferes y ayudantes de las llamadas ‘caravanas de la muerte’, conformadas por entre 20 y 40 vehículos pequeños, asumen este riesgo para ganarse máximo 100.000 pesos por viaje.
Uno de ellos, que durante cinco años expuso la vida de esta manera, cuenta que alcanzan hasta '160 kilómetros por hora' con tal de rebasar los retenes de la Policía. 'Lo poco que ganamos no nos alcanza para ofrecer un soborno', sostiene. Por ello se arriesgan a pasar los controles a altas velocidades para quitarles la oportunidad de reaccionar a los uniformados.
Los carros utilizados, en su mayoría Renault 18, Mazda 323 y camionetas, se convierten en ‘bombas rodantes’ que al menor impacto explotan y arden sobre las vías con saldos trágicos. La Policía del Cesar reportó que en los dos últimos meses cinco personas han muerto calcinadas entre Valledupar y La Guajira (Ver infografía).
Luis Alberto, el ‘kamikaze’ retirado, cuenta que 'todos conocen los riesgos', por lo que las tragedias en las carreteras las toman como 'comer el pan de cada día'. 'Lo ven a diario y eso ya no les hace. La demora es que vean eso para seguir en lo mismo como si no vieran nada', manifiesta con sangre fría.
Explica que a pesar del riesgo permanente este oficio se ha convertido en una 'forma fácil' de ganarse el sustento ante la falta de trabajo formal. 'Las caravanas que llevan grandes velocidades son las de los carros pequeños, porque lo que traen no les da para poder pagarles a todos esos retenes. Tienen que estar huyéndoles. Cuando los policías quieren reaccionar, no paran', relata.
Cada uno de esos vehículos transporta hasta 60 pimpinas de combustible de contrabando. El hombre, que hoy maneja un taxi, explica que existen dos tipos de caravanas: las que trafican grandes cantidades de gasolina y Acpm de contrabando y las que lo hacen en menor proporción.
Las primeras salen de Monte Lara, en la frontera de Venezuela con La Guajira, en Colombia, donde camionetas 350 y Tritón, de modelos recientes, pueden cargar hasta 50.000 galones de combustible o más, dependiendo del número de vehículos, y toman alguna de las 192 trochas que la Policía Fiscal y Aduanera tiene identificadas. Por estos caminos ingresa el hidrocarburo ilegal. Ya en La Guajira llegan a Cuestecitas, donde hacen una parada, y luego siguen hasta La Paz, Cesar.
Además de tratar de evadir a las autoridades por caminos destapados, tienen otra modalidad para transitar por las carreteras sin ser atrapados: pagan sobornos a los uniformados policiales.
Según relató el ex conductor, delante de la caravana va un vehículo que avisa sobre la presencia de la Policía y el Ejército en la vía, Sus ocupantes hacen los ‘arreglos’ para que los dejen pasar. Como en la época de la marihuana, a estos carros los llaman ‘moscas’ porque quienes van a bordo compran la autorización para avanzar. 'Van transando los retenes', dice.
La otra caravana es la de los vehículos pequeños. Sale de Maicao, La Guajira, y pueden ir hasta 20 carros que toman la ruta que llega a La Paz al sur de Valledupar, o la que termina en Río Seco, al norte de esta capital.
El pasado 30 de marzo en zona rural de San Juan del Cesar (La Guajira), en la vía que conduce a El Tablazo, murieron calcinados los hermanos Miguel Ángel, 24 años, y Andrés Alfonso Pérez Guerra, 19 años, al chocar la camioneta en la que transportaban combustible ilegal en compañía de otros vehículos.
La segunda tragedia sucedió el 28 de mayo anterior en la vía Valledupar – San Juan del Cesar, en el kilómetro 13, cuando un vehículo tipo camioneta tras fallas mecánicas chocó contra un árbol y se originó una conflagración que calcinó todo lo que se encontraba a 20 metros a la redonda, incluyendo a los tres ocupantes del automotor: allí murieron Óscar Altamiranda de 17 años de edad; Jorge Luis Torres, de 20 años y Diomar Ovalle, de 19.
Un negocio criminal: Policía
El brigadier general Gustavo Moreno, director nacional de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), dice que el contrabando de combustibles es un 'negocio criminal' que incluso está generando 'más ingresos que el narcotráfico'. En esa cadena, en la que además se lucran las Farc y la delincuencia organizada, los transportadores y ‘pimpineros’ (expendedores minoritarios) son apenas pequeños eslabones, pero las grandes ganancias se quedan en manos de los cabecillas.
Dijo que frente a las ‘caravanas de la muerte’, la Policía no adelanta ninguna acción armada partiendo del derecho supremo de la vida, a menos de que estas personas ataquen a los uniformados y deban actuar en legítima defensa.
No obstante, afirmó que han logrado asestar golpes a estas estructuras. Hace pocos días la Polfa, en coordinación con el Ejército y la Dian, incautó 44.100 galones de combustible ilegal en 19 camionetas, avaluados en $2.500 millones, al interceptar una de estas caravanas en límites del Cesar con La Guajira.
