El reciente descubrimiento de posibles nexos entre las disidencias de las Farc y entidades estatales volvió a encender las alarmas en el Congreso. A raíz de las revelaciones sobre los archivos encontrados en los dispositivos de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, un grupo de representantes abrió la puerta a un nuevo pulso político con el Ejecutivo.
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Con el respaldo de 20 congresistas, fue radicada este martes en la Cámara de Representantes una proposición para convocar a un debate de control político en el que deberán comparecer altos funcionarios del sector Defensa, directivos de inteligencia y cabezas de organismos de control.
La iniciativa, presentada por la representante Juana Carolina Londoño ante la Comisión Segunda, busca esclarecer los detalles que rodean la información incautada por la Fiscalía y difundida por ‘Noticias Caracol’, donde se advierte una presunta infiltración de estructuras armadas en instituciones del Estado.
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La proposición solicita que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, junto con el comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides Granados; el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo Santamaría, y el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Arturo Lemus Montañez, expliquen el manejo dado a los archivos que, según el documento radicado, fueron extraídos de computadores, celulares y memorias USB incautados el año pasado. En ese mismo texto se señala que, pese a estar bajo custodia de la Dijín durante un año, la investigación no registró avances.
El llamado del Congreso también se extiende a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y al procurador general, Gregorio Eljach, quienes deberán aclarar el papel de sus despachos frente al material recopilado y el estado de las actuaciones que rodean el caso. La inquietud central, según se advierte en la proposición, es por qué los hallazgos permanecieron sin mayores resultados durante tanto tiempo.
A este escenario se suma la decisión de otros sectores políticos de impulsar citaciones adicionales. En el Senado, por ejemplo, la senadora Paloma Valencia anunció otro debate para indagar sobre el mismo asunto.
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Por otro lado, el sector Defensa también enfrentará un control político paralelo por la compra de los aviones Gripen anunciada por el Gobierno. Para esa discusión fueron convocados el ministro Sánchez; el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas; el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Alfonso Ocampo Camacho; la directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Irene Molina Posso; el comandante de la Fuerza Aeroespacial, general Luis Carlos Córdoba Avendaño, y la directora del Dapre, Angie Lizeth Rodríguez.
