Las encuestas que miden la intención de voto, en el caso de los comicios de 2026, quedarían prohibidas hasta noviembre de 2025, de acuerdo con la ley que está próxima a ser sancionada por el presidente Gustavo Petro.
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Esto luego de que en el último día de las sesiones del Congreso, tanto Senado como Cámara aprobaran un proyecto de ley que cambiaría las reglas de juego de las encuestas políticas en Colombia.
A la iniciativa se sumaron congresistas de distintas orillas políticas e inclusive los autores la calificaron de ser multipartidista y un “verdadero acuerdo nacional”.
“La ley fue construida desde el multipartidismo y cada paso en su trámite pluralista, liderado por Juan Sebastián Gómez, Paloma Valencia, Clara López y por mí, con nuestras UTL y el lineamiento técnico en cada detalle de la doctora en estadística y experta Hanwen Zhang e Iván Mendivelso”, dijo en su momento Angélica Lozano en su cuenta de X.
Sin embargo, la controversia radica principalmente en que la ley pone un tatequieto a las encuestas que miden la intención de voto hasta tres meses antes del inicio de inscripción de candidatos, que en este caso será el 31 de enero de 2026. Así las cosas, quedarán prohibidas las encuestas que preguntan por quién quiere votar la gente a la presidencia hasta el 31 de octubre de 2025.
En ese sentido, el artículo 5 establece que “las encuestas que incluyan preguntas relacionadas con intención de voto solo podrán realizarse a partir de los tres meses anteriores del primer día de inscripciones de candidatos”. Lo anterior quiere decir que esta restricción no aplica para encuestas sobre reconocimiento y opinión de los precandidatos.
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Además, la ley también busca que haya una mayor transparencia en la publicación de encuestas, pues las encuestadoras deberán entregar al Consejo Nacional Electoral todos los soportes, estadísticas, análisis, números marcados, grabaciones telefónicas y formulaciones con preguntas y respuestas. Cada empresa tendrá que adoptar sistemas de ciberseguridad avanzados.
Algunos representantes de firmas encuestadoras manifestaron estar en desacuerdo. “La gente no podrá expresarse a través de un método científico comprobado, que si es contratado y publicado por un medio de comunicación de alcance nacional, le permite a la población saber hacia dónde van las preferencias”, dijo Martín Orozco, gerente general de Invamer.
