La aprobación en segundo debate del proyecto de ley 312 de 2024 en la Cámara de Representantes sigue generando reacciones. En esta ocasión, un grupo de exministros y expertos en salud dirigió una carta al presidente del Congreso, Efraín Cepeda Sarabia, en la que expresan su preocupación por el impacto que podría tener la reforma en el sistema de salud del país.
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La carta fue difundida este lunes, 10 de marzo, en la red social X por el exministro Alejandro Gaviria, quien advirtió sobre sus consecuencias negativas.
En el documento, que incluye la firma de los exministros de Salud Jaime Arias Ramírez, Augusto Galán Sarmiento, Gabriel Riveros Dueñas, Alejandro Gaviria, Beatriz Londoño Soto y Fernando Ruiz Gómez, así como a los exviceministros Eduardo Alvarado Santander, Carlos Castro Espinosa, Blanca Elvira Cajigas Castro y Jairo Núñez Méndez, se cuestiona que el proyecto mantiene sin cambios los elementos fundamentales de la propuesta inicial del Gobierno, pese a las advertencias de múltiples voces expertas.
El problema puntual sería que, según indican los firmantes, la reforma no responde a las necesidades del sistema ni soluciona los retos que este enfrenta.
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Entre los puntos críticos señalados, destacan que el proceso de aprobación no contó con un análisis detallado ni con una discusión basada en evidencia técnica y científica. Además, también advierten que la votación en la Cámara se realizó sin un debate amplio y transparente, lo que consideran contrario a los principios democráticos.
“Nuevamente, la mayoría de los representantes a la Cámara de Representantes aprobó artículos en bloque, sin mucho análisis, sin discusiones basadas en la evidencia técnica y científica, sin escuchar y atender a las múltiples voces expertas que se han manifestado públicamente en contra y han señalado los inconvenientes de los textos contenidos en el mencionado proyecto”, señala la misiva.
Y agrega: “Otra vez, la manera como se ha llevado a cabo la votación, en especial en los últimos días, falsea lo que debe ser un diálogo democrático, amplio y transparente como el que necesita una reforma a un sistema que protege y regula un derecho irrenunciable y fundamental como el del seguro de salud establecido en el ordenamiento constitucional”.
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Los firmantes señalan que la reforma no ha definido mecanismos claros de financiamiento ni de transición para garantizar la continuidad en la atención a los pacientes. De hecho, en su análisis, alertan sobre posibles afectaciones al acceso a los servicios, calidad de la atención y sostenibilidad financiera del sistema.
Uno de los riesgos mencionados es la desaparición del aseguramiento, lo que, afirman, representaría un retroceso en la seguridad social y dificultaría la gestión de los recursos. Asimismo, señalan que la concentración de la ejecución del gasto en un solo actor podría aumentar los riesgos de corrupción, error e inoperancia en la administración de los fondos públicos.
“Si se aprueba la reforma la concentración de las decisiones de ejecución de gasto en un solo actor, multiplica los riesgos de corrupción, error e inoperancia; la ejecución de recursos públicos exige controles”, advierten los exfuncionarios.
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Asimismo, alertan respecto al riesgo financiero que esta reforma implica: “Si se aprueba la reforma, la ADRES no cuenta con las capacidades para desarrollar las tareas que le están asignando. Al sistema le costó 30 años alcanzar la madurez institucional de operar el esquema actual; confiar en el desarrollo súbito y aventurado de capacidades ocasionará serias dificultades a la hora de girar los recursos y, por ende, un caos en el flujo financiero”.
En este mismo sentido, la carta advierte sobre el impacto que la normativa tendría sobre el subsidio a la oferta, argumentando que si esta llegase a ser aprobada “retrocederíamos a una etapa primaria de la seguridad social en la cual el pagador único hacía insostenible e ineficiente al Seguro Social”.
Otro aspecto abordado en la misiva es la estabilidad laboral del personal de salud. Los exministros advierten que la reforma pone en riesgo las condiciones laborales de miles de trabajadores del sector, mientras que el Gobierno sostiene que la medida mejoraría sus condiciones.
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En cuanto a la viabilidad fiscal, el documento enfatiza que la iniciativa no cuenta con aval financiero y que el Congreso debería analizar su impacto en el marco fiscal de mediano plazo.
Finalmente, los expertos contrastan la propuesta gubernamental con la situación actual del Fondo de Salud del Magisterio (FOMAG), un modelo similar que, según indican, ha presentado problemas de desfinanciación y fallas en la gestión de los servicios. Para el grupo de firmantes, esta experiencia evidencia los riesgos que podría implicar la reforma.
El documento concluye con un llamado al Congreso para que aborde una reforma estructural con base en evidencia científica y con una participación social amplia, incluyendo a expertos, gremios y usuarios del sistema de salud.
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“Estabilizar la operación del sistema y solucionar la crisis por la que atraviesa es una prioridad mayor, en la hora presente, a un proyecto que no soluciona esos problemas”, dicen los expertos.
Y concluyen: “Creemos que el país deberá emprender en el momento adecuado una reforma al sistema de salud, pero con un sólido sustento técnico, basada en la evidencia y con una verdadera participación social de los académicos, centros de pensamiento, expertos, profesionales de la salud, gremios y en especial, de los sujetos titulares del derecho fundamental a la salud, los usuarios y pacientes”.
