Desde mediados de febrero la polémica reforma a la salud 2.0 del gobierno del presidente Gustavo Petro está congelada en la Cámara, tras su fracaso también en las sesiones extraordinarias citadas exclusivamente para ella, debido a que los vicepresidentes de la Cámara, Jorge Tovar, de las curules de paz, y Lina María Garrido, de Cambio Radical, no han suscrito los órdenes del día que incluyen la controvertida iniciativa.
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En un encuentro que tuvo Petro con varios representantes oficialistas previo a la plenaria del miércoles, les advirtió que había que destrabar la reforma y, en este sentido, había que convencer a Tovar, quien pide que se presente antes el impacto fiscal del proyecto, para que firme el orden del día. También está la alternativa de incluir la reforma vía proposición, pero habrá que ver si el oficialismo tiene los votos. Y, además, la oposición también está pidiendo que, previo a que se reanude el debate, el Ministerio de Salud cumpla con las órdenes de la Corte Constitucional y desembolse a las EPS los saldos correspondientes a los presupuestos máximos y reformule el cálculo de la UPC.
“Como segunda vicepresidenta de la Cámara radiqué solicitud para excluir mi nombre y firma de los órdenes del día que incluyan la reforma a la salud hasta que haya claridad sobre la grave incertidumbre fiscal, el Ministerio de Hacienda no ha respondido la aclaración sobre el impacto económico del proyecto”, indicó por su parte Garrido, quien agregó que además “se está vulnerando el debido proceso legislativo al desconocer la salud como derecho fundamental y tramitar la reforma como ley ordinaria y no como ley estatutaria”.
Así las cosas, de la iniciativa se avalaron en la primera jornada de las sesiones extraordinarias del Congreso 30 artículos de los 62 que tiene en total. Esto porque el año pasado habían sido aprobados 23 artículos en el pleno de la corporación.
Los siete artículos aprobados en las extras tienen que ver con los servicios sociales complementarios en salud, las prestaciones económicas, créditos blandos a instituciones prestadores de servicios de salud y la modificación de la destinación de parte de los recursos del fondo de solidaridad de fomento al empleo y protección al cesante.
Así mismo, con el uso de los recursos de saldo de las cuentas maestras, designación de los excedentes resultantes del proceso de saneamiento de aportes patronales financiados con recursos del situado fiscal y del Sistema General de Participaciones y los recursos excedentes del sector salud.
El año pasado pasaron el objeto del proyecto, en el que se lee que “la presente ley tiene por objeto transformar el Sistema General de Seguridad Social en Salud en un Sistema de Salud basado en el Aseguramiento Social en Salud, para garantizar el derecho fundamental a la salud”; la Atención Primaria en Salud, el Modelo de Salud Predictivo, Preventivo y Resolutivo y la creación del Consejo Nacional de Salud.
Pero faltan los artículos más álgidos, como lo son la definición de metodología para la actualización de la UPC, el manejo de recursos por parte de la Adres, el cambio en la figura de las EPS que pasarían a ser Gestoras de Salud y Vida, así como, la búsqueda de nuevas fuentes de financiación para el sistema.
Entre tanto, los congresistas críticos de la reforma reclaman por el estado del sistema de salud, toda vez que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue obligado por la Corte Constitucional a saldar deudas de presupuestos máximos con las EPS, así como a reconsiderar el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación, UPC.
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Al respecto, Jennifer Pedraza, representante a la Cámara de Dignidad, aseguró en sus redes sociales que “es muy irresponsable que el Gobierno quiera ‘pupitrear’ la reforma a la salud (...). Mientras tanto, incumplen las decisiones de la Corte Constitucional, cuyo único fin es proteger la vida y los pacientes”.
Y su colega, Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, advirtió que “el Congreso no debe tramitar una reforma a la salud cuando los problemas del sistema son alimentados, profundizados y agravados por el mismo Gobierno, como ya lo ha dicho la Corte Constitucional. Ajusten la UPC y los presupuestos máximos. Acaten las decisiones de la justicia”.
Este controvertido articulado, que ya en una ocasión pasó sus dos primeros debates en la Cámara, se enfrenta ahora al golpe de opinión en contra del Gobierno por el ambiente enrarecido en su gabinete, la llegada a la jefatura de la cartera política del polémico Armando Benedetti y el panorama previo a los comicios, en el que los parlamentarios legislan más de cara a sus eventuales campañas y menos en coalición con un oficialismo que está por despedirse.
