El representante a la Cámara, Hernán Cadavid, del Centro Democrático, informó este jueves que ha denunciado penalmente al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por presuntos incumplimientos a las órdenes de la Corte Constitucional.
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Ante la plenaria de la Cámara, durante el debate de la reforma a la salud, Cadavid señaló a Jaramillo de haber incurrido en desacato de los autos de la Corte 2049 de 2024, que determina que el Ministerio debe pagar los presupuestos máximos, y 007 de 2025, que le pide al Ministerio aumentar la UPC.
“He acabado de radicar una denuncia penal contra el Ministro de Salud Guillermo Alfonso por estar incurriendo en un completo desacato en consecuencia a un fraude a una resolución judicial. Si se va a burlar de esta plenaria, esperamos no se burle de la justicia. Y no lo estoy mandando a hacer por terceras personas, lo estoy diciendo aquí de frente”, expresó Hernán Cadavid.
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Detalló el congresista que con esta denuncia penal la Fiscalía General de la Nación deberá abrir una investigación para determinar si Guillermo Alfonso Jaramillo cumplió las órdenes del alto tribunal.
Asimismo, expresó preocupación por las afectaciones de estos incumplimientos en la prestación del servicio de salud por parte de las EPS.
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“Pese a estas órdenes de obligatorio cumplimiento, el Ministerio de Salud no ha realizado los pagos ni expedido los actos administrativos ordenados por la Corte Constitucional. Como consecuencia de este incumplimiento, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) se han visto gravemente afectadas, comprometiendo la prestación del servicio de salud y vulnerando derechos fundamentales de la ciudadanía”, sostuvo.
Este mismo jueves, a través de un comunicado, el Ministerio de Salud aseguró que no se encuentra en situación de desacato ni de incumplimiento respecto de los autos en cuestión.
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La cartera dijo que radicó ante la Corte Constitucional sendas solicitudes de aclaración de los autos 2049 de 2024 y 007 de 2025, “en virtud de lo cual las citadas providencias solo quedarán ejecutoriadas y en firme una vez se resuelvan las solicitudes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 302 del Código General del Proceso”.
Por ello, asevera la entidad gubernamental, que no ha incumplido orden alguna del alto tribunal guardián de la Carta Política.
