Con 51 votos a favor y dos en contra, el Senado aprobó el pasado martes, en su cuarto y último debate, la ‘Ley contra el ruido’.
La nueva legislación busca ofrecer a las autoridades regionales y nacionales herramientas adicionales para controlar el ruido generado en espacios privados, más allá de las competencias de la Policía.
El representante Daniel Carvalho, de la bancada independiente, impulsor del proyecto, destacó que la ley reorganiza la normativa existente, aclarando las responsabilidades de las autoridades y estableciendo un protocolo claro para la atención al ciudadano.
“Esto es una oportunidad para transformar nuestras ciudades y el campo en lugares donde el bienestar y la convivencia de todos sean una prioridad. (…) La actual normativa es dispersa y dificulta que los ciudadanos y autoridades puedan resolver esta problemática de manera integral”, dijo el congresista.
La ley también obliga a los municipios con más de 100.000 habitantes a desarrollar planes de gestión contra el ruido, incluyendo diagnósticos y estrategias específicas para cada territorio. Además, el Ministerio del Medio Ambiente deberá crear una Política Pública Nacional de Calidad Acústica que se implementará en todo el país.
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“Dentro de los 12 meses posteriores a la reglamentación de la política de calidad acústica a que se refiere la presente ley, los alcaldes distritales y municipales presentarán un proyecto de acuerdo dirigido a realizar los ajustes correspondientes al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), encaminados a mejorar la calidad acústica en el municipio o distrito, y al cumplimiento de las demás disposiciones contenidas en esta ley”, indica el proyecto.
Esta nueva legislación contempla sanciones para quienes excedan los niveles permitidos de ruido, garantizando su cumplimiento mediante entidades designadas.
Con esta ley, las sanciones pueden alcanzar hasta los 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Además, autoriza a las autoridades a suspender actividades que generen ruidos por encima de los límites permitidos.
“Para la adopción de decisión sobre infracciones por ruidos que afecten la convivencia, se seguirá el procedimiento establecido en la Ley 1801 de 2016, teniéndose en cuenta la inmediatez y oportunidad en la atención del motivo de policía para lo cual, procederá la suspensión inmediata de la actividad, retiro del sitio y la medida correctiva de disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas y suspensión temporal de la actividad sólo cuando éstas se realicen en espacios públicos, semipúblicos o semiprivados o en aquellas actividades de cualquier tipo o denominación que trasciendan a lo público y afecten la convivencia”, se lee en la ley.
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“La multa se impondrá al responsable de contrariar la normatividad vigente en la materia. En caso de no poder ubicar al propietario de la publicidad exterior visual, la multa podrá aplicarse al anunciante o a los dueños, arrendatarios o usuarios del inmueble que permitan la colocación de dicha publicidad”, agrega.
La iniciativa también incluye estrategias pedagógicas y culturales dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía sobre los impactos del ruido, buscando promover una convivencia más armónica en las ciudades.
De acuerdo con el proyecto, las ciudades que presentan problemas de contaminación acústica son: Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena.
En esta ley también está vinculado el Ministerio de Transporte que deberá controlar las emisiones sonoras provenientes del tráfico vehicular y otras fuentes móviles.
Al respecto, la congresista de la Alianza Verde, Carolina Espitia, saludó la iniciativa “en aras de promover un ambiente auditivo sano”, y agregó que “nos fueron aprobadas varias proposiciones a este proyecto, las cuales son: destinar los recursos provenientes de multas por contaminación acústica a obras y acciones para la minimización del impacto acústico en lugares a cargo de las entidades públicas. Y obligar a las autoridades a garantizar la integridad del medio ambiente como parte clave de la política pública acústica”.
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A su vez, la senadora Clara López, del Pacto Histórico, celebró el “avance del proyecto de ley que busca regular el ruido. Recuerdo que hicimos una política pública pionera en este sentido cuando fui secretaria de Gobierno de Bogotá”.
Y la parlamentaria Carolina Giraldo, de la Alianza Verde, resaltó que “el ruido ya no será una molestia. El Congreso aprobó en último debate la ley contra el ruido, una iniciativa que trae tranquilidad y bienestar para millones de colombianos. Este es un avance histórico en la lucha contra la contaminación acústica, garantizando espacios más saludables y armónicos para todos”.
