Con 17 votos en Senado y 30 en Cámara las Comisiones Primeras Conjuntas aprobaron este martes en primer debate el proyecto de ley ordinaria de la jurisdicción agraria, que establece el procedimiento especial agrario y rural, y que ahora pasa a sus últimos debates en las plenarias de ambas cámaras.
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El coordinador ponente, Gabriel Becerra, de Pacto Histórico, destacó que “este proyecto se aprueba con un gran consenso alcanzado entre todas las bancadas del Congreso. Es posible hacer un gran acuerdo nacional”.
A su vez, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, saludó el “paso adelante, con consenso, por el campo colombiano. Con la aprobación de los artículos faltantes esta mañana, estamos cada vez más cerca de la jurisdicción agraria. Ahora llevaremos este proyecto clave a plenaria para garantizar los derechos del campesinado y avanzar en la construcción de paz en el territorio”.
A su vez, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, dijo que “pese a las diferencias y perspectivas opuestas que podamos tener, encontramos un camino que nos acerca a un acuerdo y es recuperar ese campo productivo y en paz que nos permita hacer de la agricultura en Colombia un motor de la economía. Lo que se ha hecho nos permite decir que este Congreso ha reconstruido el derecho agrario, y también decirle al país que va a administrar justicia con la posibilidad que tenemos de entender el campo más allá de una superficie plana de la guerra: como un campo productivo, con un suelo fértil que puede producir alimentos para Colombia, para la región y para el mundo”.
Por su parte, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, resaltó los cambios que logró incluir la oposición en el articulado.
“La ‘permanencia agraria’ permitía invadir y quedarse en una tierra. Ahora hablamos de ‘posesión pacífica, ininterrumpida y pública’, corrigiendo ese error. Un cambio clave en el enfoque del artículo”, señaló la parlamentaria opositora.
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Y concluyó además que “el fantasma de la expropiación quedó eliminado de la ley de jurisdicción agraria, y todos los procesos relacionados con las tierras tendrán fase judicial”.
