Debido a la proposición firmada por unos 120 congresistas, el Gobierno eliminó de su reforma a la justicia el polémico artículo que les rebajaba penas a violadores y asesinos de niños a cambio de que confesaran su atroz crimen.
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Esto con el fin de salvar la reforma, pues los parlamentarios habían advertido que la iniciativa no pasaría siquiera su primer debate de permanecer allí la cuestionada norma.
De esta manera, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía acordaron retirar el artículo 7 del proyecto oficial. E, incluso, la Corte Suprema de Justicia veía con buenos ojos el inciso debido a que podía producir un efecto positivo y era que los criminales pudiesen aceptar los cargos de manera más expedita y pagar su condena hasta con el 25% de rebaja.
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Al respecto, el presidente del máximo tribunal de la justicia ordinaria, Gerson Chaverra, había señalado: “Lo que disuade al delincuente no son las penas de 50, de 40, de 30 años abstractas. Lo que a él lo anima en la ejecución delictual es saber que esa pena por alta que sea no se le va a aplicar. En cambio, si nosotros a través de un proceso penal abreviado logramos la aplicación efectiva de una pena codigna a la gravedad del delito, seguro que el efecto va a ser más positivo para la comunidad, para la sociedad y para la víctima”.
