Tras el empate que se produjo en su Sala Plena durante la votación sobre el impuesto al patrimonio propuesto por el Gobierno Nacional en el documento de la reforma tributaria, la Corte Constitucional anunció que la decisión respecto a este eje del proyecto de ley y se verá aplazada, teniendo en cuenta que no se pudo llegar a ningún consenso.
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Según se conoció, los votos en el alto tribunal quedaron igualados 4 a 4, por lo que el futuro del impuesto pasará a manos de un conjuez, a quien se le dará la responsabilidad de desempatar la discusión.
“La ponencia no obtuvo la mayoría requerida para ser aprobada y por esa razón, de acuerdo con la normativa que rige a la Corte, se designó a un conjuez para que este participe en la tramitación y decisión final del asunto”, precisó el ente de justicia.
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Ahora bien, teniendo en cuenta que los términos para discutir este tema vencerán el próximo lunes, 26 de agosto, la Corte determinó suspender dicho plazo hasta que se tome una decisión definitiva, según revelaron fuentes del alto tribunal a un medio de comunicación nacional.
Cabe recordar que, por medio de esta iniciativa, el Gobierno pretendía obligar a aquellos ciudadanos con patrimonios superiores a los 3.388 millones de pesos a pagar un gravamen, con la finalidad de recaudar miles de millones de pesos para el presupuesto general de la nación.
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Debido a lo polémica que resultó esta propuesta, algunas de las personas que podrían verse afectadas iniciaron acciones judiciales, entre ellas los abogados Guillermo Otálora Lozano y Humberto Sierra Porto, quienes denunciaron que la norma presentaba varias inconsistencias.
Y es que, según los expertos, una de las principales preocupaciones que les genera la propuesta es que, de prosperar, según ellos, se crea la posibilidad de que el Estado se quede con los patrimonios que excedan los topes monetarios establecidos.
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Estas demandas interpuestas por los abogados fueron la base de la discusión en la Corte. Al respecto, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, encargado de la ponencia, debatió con los demás togados, quienes no pudieron ponerse de acuerdo sobre la constitucionalidad de los artículos presentados en la reforma.
Al momento de votar, Jorge Enrique y los magistrados Antonio José Lizarazo, Paola Meneses y José Fernando Reyes, estuvieron a favor de la ponencia, que busca tumbar el articulado. Mientras que Diana Fajardo, Cristina Pardo, Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel Cabo, se declararon en contra.
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El magistrado Vladimir Fernández, por su parte, se mantuvo al margen de la discusión, teniendo en cuenta que, para la época del trámite del proyecto de ley en el Congreso, él formaba parte del Gobierno, ejerciendo el cargo de secretario jurídico de Presidencia.
Finalmente, se conoció que la conjuez Clara Cecilia Dueñas podría ser quien quede como la encargada de desempatar esta votación, claro está, si acepta el expediente del caso.
