BOGOTÁ. En las últimas horas se conocieron detalles de la polémica nueva reforma a la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro que, por ahora, solo tendrá 48 artículos, que sugieren una priorización de los puntos que traía la pasada reforma hundida en tercer debate en la Comisión Séptima del Senado en la segunda legislatura.
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La idea del Ejecutivo, según lo que se ha ventilado, es que el nuevo articulado sea radicado en esta tercera legislatura que comienza.
Se plantea por ejemplo la creación del Consejo Nacional de Salud, estará adscrito al Ministerio de Salud y en el que tendrán representación los trabajadores de la salud, organizaciones representativas de los profesionales de la salud, pacientes, academia y facultades de salud y grupos étnicos, campesinos y víctimas del conflicto.
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También sobreviven los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), que podrán ser de carácter público, privado o mixto, y que tendrían la labor de constituir la primera atención en salud para la población.
También persiste la propuesta de darle un mayor poder a la Adres para que logre 'recaudar todos los recursos fiscales y parafiscales que legalmente deben ingresar al Fondo Único Público de Salud”. Es decir que además de realizar los pagos y asumir como pagador único del sistema de salud, deberá efectuar giros directos “a los prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnologías en salud, de naturaleza pública, privada y mixta”.
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Las EPS, como en la pasada reforma, pasarán a ser gestoras de salud y vida, pero tras los acuerdos que han logrado estas empresas y el Gobierno, se establece que el período de transición será de dos años, habrá una “remuneración” para las gestoras en el que se les reconocerá el 5 % de la UPC, aunque si no cumplen los estándares establecidos recibirían hasta un 30 % menos de sus ingresos por remuneración, y en caso de reincidencia serán objeto de revisión por parte de la Supersalud, pero así mismo recibirían hasta el 3 % más del valor de la UPC cuando se encuentre que están haciendo un uso eficiente de sus recursos.
Y de igual modo, con relación al Invima, se propone que “se ofrecerán alivios financieros a las personas con deudas por sanciones pecuniarias con el Invima al 30 de septiembre de 2023″.
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Lo que falta por confirmarse es si la reforma sería un proyecto de ley ordinaria, con lo que se tramitaría por las comisiones séptimas, o estatutaria, con lo que iría por las primeras.
