Aunque son varios los frentes en los que el gobierno de Gustavo Petro presenta balances deficitarios en sus primeros dos años de gobierno, la economía entre ellos, ninguno tiene indicadores tan lamentables y preocupantes como la llamada pomposa y ambiciosamente “paz total”. Dos años después, no hay paz, ni parcial, ni mucho menos total. Esa es la cruda y triste realidad.
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Desde un comienzo se advirtió que la ambiciosa apuesta de Petro por alcanzar la pacificación total del país tenía graves deficiencias, tanto en su planificación, su estructuración y su ejecución.
De la planificación lo único que se supo -en plena campaña presidencial- fue de las visitas de Juan Fernando Petro, hermano del entonces candidato, a distintas cárceles del país para hablar con narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros sobre la posibilidad de futuros acuerdos de paz en el gobierno de su hermano. Nada más se supo de tan delicado y espinoso asunto.
Luego lo que vino fue una feria de improvisación que aún no termina. De ahí los resultados desastrosos de la “paz total”. No hay un solo frente de paz de los que abrió Petro que hoy muestre indicadores medianamente alentadores. Ni uno solo.
El ex comisionado Danilo Rueda salió por la puerta de atrás dejando “todos los ranchos” ardiendo. El ELN terminó por fortalecerse mucho más, hasta el punto de ponerle “ultimátum” al gobierno para continuar los diálogos. Las llamadas disidencias de las Farc, con alias “Iván Mordisco” a la cabeza, tienen arrinconadas a las Fuerzas Militares y de Policía en Cauca, Valle del Cauca y Nariño.
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Hoy los bombardean hasta con drones, sin que las Fuerzas Armadas tengan como contrarrestarlos. Le pregunté a un general retirado del Ejército la razón por la cual combatimos con esa enorme desventaja estratégica y operativa. “Es que comprar equipos antidrones vale mucha plata”, fue su respuesta. Es decir, tienen más plata los bandidos para atacar a nuestros soldados y policías, que nosotros para comprar equipos que permitan defenderlos.
Mientras unos “disidentes” de las Farc bombardean con drones a soldados y policías, otros dialogan con el gobierno, al tiempo que cuentan con camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para trasladar guerrilleros y armas por todo el país. Un verdadero despelote.
La situación es tan dramática que el ministro de Defensa -¡el ministro de Defensa, por Dios!- reconoció a manera de balance en sus dos años de gestión que las Fuerzas Armadas han “perdido control territorial” y que hay zonas “controladas por los grupos criminales”. Al ministro Iván Velásquez habría que reprocharle su ineptitud, pero reconocerle su sinceridad.
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Como si lo anterior fuera poco, Velasquez admitió que el incremento de hombres en los grupos armados ilegales es creciente. “Esa es una realidad, pero no tengo cifras en estos momentos”, confesó Velásquez en un ataque de franqueza.
Los resultados en lo que tiene que ver con la integridad y la seguridad de los colombianos -fin último de una paz integral- son aún más precarios. El secuestro aumentó en estos dos años en un 70 por ciento y la extorsión un 29 por ciento, cifras suministradas por el propio Velásquez. Es probable que el número de extorsionados sea mayor, por los muy altos porcentajes de subregistros.
¿En qué estado se encuentra la paz total del gobierno? ¿Tiene futuro? ¿Qué hacer en las negociaciones con los grupos armados ilegales?
