Por tratarse de un tema tan delicado, el de las supuestas ‘chuzadas’ a magistrados de las altas cortes, congresistas y periodistas críticos del Gobierno, no es suficiente con que el presidente Gustavo Petro diga con voz altisonante que este gobierno no chuza, “como sí hicieron otros”.
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Y las palabras de Petro no son suficientes porque las denuncias sobre la posibilidad de que el Gobierno esté escuchando a magistrados de altas cortes y contradictores políticos son muy graves.
El vicepresidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, por ejemplo, aseguró: “Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidas y, con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión de que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización oficial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley de inteligencia y contrainteligencia (uno de los cuales opera en la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia), en coordinación con la Dian y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (UIAF)”.
Como se observa en el documento redactado por el magistrado Ibáñez y puesto en conocimiento del presidente Petro, se trata de señalamientos muy graves y delicados, que ameritan algo mucho más contundente y profundo que una declaración en la que el propio presidente exalta su talante democrático, al tiempo que reitera su manido argumento de defensa, según el cual “otros gobiernos sí chuzaban”.
El magistrado Ibáñez –una de las personas que más y mejor conoce los asuntos de inteligencia y contrainteligencia del país– es categórico al afirmar que “lamentablemente” las “chuzadas” involucran operaciones de órganos de inteligencia oficial, que se realizan sin autorización oficial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley. Es decir, el magistrado Ibáñez no tiene dudas de que está siendo escuchado de forma ilegal. Y eso es muy grave. Nadie está diciendo que Petro ordena las ‘chuzadas’, lo que se afirma es que las ‘chuzadas’ sí existen y que el Gobierno debe hacer todo lo que esté a su alcance para evitarlas.
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El jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González, sostuvo –por su parte– que “este gobierno jamás haría una cosa de esas porque no está en su ADN. Por el contrario ha estado toda su vida luchando contra ese tipo de cosas”. Así respondió González al senador David Luna, uno de los congresistas víctima de las supuestas ‘chuzadas’, quien también denunció la irrupción en su residencia para acceder a información contenida en sus computadores. “Ya me mandaron a asustar metiéndose a mi casa. Se sabe de la operación Orión, persiguen a quien piensa distinto, hasta a la prensa”, declaró Luna luego del debate de control político.
Una de las conclusiones del debate fue planteada por González, quien oficializó la intención de Petro de crear una comisión judicial para el seguimiento de las actividades de inteligencia. Así se lo hizo saber el director de la DNI al presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, en reunión que sostuvieron en la sede de la alta corte.
¿Está chuzando el gobierno Petro a magistrados, congresistas y periodistas críticos del Pacto Histórico?
