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Por:  Óscar Montes

Hace muy bien la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, en activar las alarmas sobre el insistente propósito del presidente Gustavo Petro de cercenar de forma burda las funciones del Ministerio Público, amparadas y respaldadas por la Constitución de 1991. El país debería acompañarla en este propósito, pues se trata –ni más, ni menos– de defender las instituciones nacionales, que son las que soportan nuestro sistema democrático. Se equivocan quienes piensan que –en el caso de la procuradora Cabello– se trata de un asunto personal o de simple vanidad. Todo lo contrario: es una defensa firme de institucionalidad nacional.