Ante los rumores que se suscitaron por la supuesta molestia de la procuradora entrante, Margarita Cabello, por la presentación aparentemente inconsulta al Congreso del proyecto de ley que acata el mandato de la Corte IDH frente al caso de Gustavo Petro, el procurador Fernando Carrillo le dijo a EL HERALDO que le enviaron en cuatro oportunidades el articulado al equipo de empalme y que hubo tres reuniones en las que se ventiló la iniciativa.
'Es un proyecto que recogimos de muchas mesas de trabajo, foros, discusiones con expertos, con las altas cortes, la Agencia de Defensa Jurídica y la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Yo tenía el compromiso y la obligación de entregar ese proyecto y la verdad es que hay una inexactitud en la información. Revisamos los chats con la viceprocuradora y le enviamos desde el 4 de diciembre en cuatro ocasiones al equipo de empalme de la doctora Margarita Cabello, le enviamos el proyecto, la exposición de motivos, algunos cambios que hicimos. Entonces la verdad yo no sé qué fundamento tiene esa molestia porque lo compartimos desde el primer momento', afirmó el saliente jefe del Ministerio Público.
Agregó Carrillo en este sentido que 'la doctora Margarita, como nueva procuradora, tendrá total autonomía para hacer lo que quiera con nuestro proyecto: si ella quiere introducir unas modificaciones está en su derecho, pero yo tenía que cumplir con el Sistema Interamericano dentro de mi administración. (…) Y hubo tres reuniones donde se ventiló el proyecto de ley. Espero que sirva, lo digo con humildad, y lo hicimos únicamente con el propósito de cumplir, porque no podemos bajar la guardia en la lucha contra la corrupción'.
Indicó además el titular del ente de control que fue a Costa Rica, sede de la Corte IDH, 'tres o cuatro veces, conocí las opiniones y las recomendaciones. Se trataba de crear un sistema de garantías para funcionarios de elección popular; no se trataba de echar abajo el sistema disciplinario para funcionarios de elección popular. Avanzamos hacia los criterios señalados por la Corte, armonizando las convenciones internacionales con el derecho disciplinario interno y diciendo que para hechos de corrupción y violaciones de derechos humanos las competencias de la Procuraduría hay que mantenerlas. Esa es la filosofía del proyecto que presentamos ayer (miércoles) a la Cámara, que responde además a lo que han señalado el Consejo de Estado y la Corte Constitucional'.
Finalmente, precisó Carrillo a este diario que 'lo importante es que esas decisiones de la Procuraduría van a tener un control judicial automático antes de producir efectos jurídicos, porque un juez administrativo va a definir solo en las sanciones de destitución y de inhabilidad, que es el centro de la decisión de la Corte IDH, luego lo que estamos haciendo es mantener incólume la competencia de la Procuraduría y de otro modo habría que cerrarla'.
