Tres noticias trascendentales están en desarrollo en estos momentos en el país. Aunque todas ellas han marcado por décadas la historia nacional, en estos momentos sus protagonistas tienen la gran oportunidad de contar no sólo su versión de cómo habrían sucedido los hechos, sino –sobre todo– la oportunidad para que se sepa la 'verdad verdadera' de los mismos. De ellos depende que Colombia cierre o mantenga abierto este capítulo de horror y sangre que ha marcada la vida y el destino de millones de personas en los últimos años.
El primero de los hechos tiene como gran protagonista al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien renunció a su curul en el Senado para que sea la Fiscalía la entidad que se ocupe de su caso. Uribe considera que la Corte Suprema no le garantiza un proceso equilibrado y objetivo, que le brinde la posibilidad de defenderse en franca lid ante las graves acusaciones que pesan en su contra. Para el expresidente los magistrados no solo actúan con espíritu vengativo, sino que estarían al servicio de las que él llama las 'nuevas generaciones de las Farc', en cabeza del senador Iván Cepeda, situación que atentaría contra sus derechos. Considera el exmandatario y jefe natural del Centro Democrático que de ser trasladado su proceso a la Fiscalía, podría contar con las garantías procesales que el máximo tribunal de justicia le estaría negando.
Los allegados más cercanos a Uribe han ido mucho más allá en su descalificación a la Corte Suprema, al sostener que ese alto tribunal tiene 'secuestrado' al exmandatario y que ello atenta contra su legítimo derecho a defenderse con todas las garantías procesales.
En la medida en que la situación del ex mandatario permanezca en estado de indefinición –al no saber si es la Corte Suprema o la Fiscalía quien debe investigarlo– su proceso toma cada día más fuerza política que jurídica y ello dificulta mucho más la obtención de la verdad a la que solo se puede llegar mediante la presentación, valoración y confrontación de pruebas.
De hecho, la decisión de Uribe de que se conozca la publicación integral de todo el expediente y no de algunos apartes descontextualizados, como ha venido sucediendo hasta el momento, busca que la opinión pública tenga una aproximación más fidedigna y certera a la verdad, así como para que conozca cómo ha sido la relación de sus jueces con su contraparte, el senador Iván Cepeda. 'Hay magistrados que hasta le sugieren cómo debe comportarse y qué debe decir y qué debe callar para protegerlo de una posible autoincriminación', me dijo un senador del Centro Democrático, con quien hablé sobre la situación del expresidente.
El segundo hecho tiene que ver con la comparecencia de los ex jefes de las Farc ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) para que narren su versión sobre el reclutamiento, abuso y asesinato de menores de edad en las filas del desaparecido grupo guerrillero. Por primera vez los antiguos comandantes del desaparecido grupo subversivo podrán contar su versión de cómo llevaron a cabo la práctica del reclutamiento forzoso de los menores. Esta es la mejor oportunidad para que los exjefes guerrilleros cuenten su participación en la planeación y ejecución de ese delito de lesa humanidad, como quedó consignado en los acuerdos de La Habana.
Pero nada de eso ha sucedido. Los ex jefes guerrilleros no solo han negado el reclutamiento forzoso de menores, como ocurrió con 'Sandra Ramírez', segunda vicepresidenta del Senado, y Rodrigo Londoño, 'Timochenko', sino que los pocos que han admitido el delito lo han hecho con timidez y algunos valiéndose de una cínica retórica, como la de llamar 'error' lo que es sin duda una innegable actuación criminal.
Y el tercer hecho es la deportación del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso de Estados Unidos a Italia, lo que podría dejar sin castigo no solo sus crímenes en Colombia, sino la reparación de sus víctimas. Pero también pondría en grave peligro el conocimiento de la verdad sobre la actuación de los grupos paramilitares en el país. Con Mancuso en Italia y no en Colombia, como exigen sus víctimas, quedaría impune su actuación criminal, así como la de sus auspiciadores y promotores, tanto económicos como políticos.
Mancuso fue actor de primer nivel en la violencia que por años padeció el país, al igual que Fidel, Carlos y Vicente Castaño, entre otros, ex jefes paramilitares. Es necesario que el país sepa la verdad de esos hechos. Su traslado a Italia por pena cumplida en Estados Unidos, lo exoneraría de pagar su deuda con cientos de familias colombianas. La actuación de la Cancillería colombiana en el lamentable episodio de que Mancuso sea trasladado a Italia y no a Colombia deja mucho que desear.
¿Qué hacer para que se sepa la verdad en cada uno de estos hechos?
