Además del sistema penal de la Corte Suprema de Justicia, de la Comisión de Acusaciones de la Cámara y de los procesos de la Fiscalía de antes de 2005, la Ley de Depuración Normativa objetada por el presidente Iván Duque también eliminaba, entre otros, entes fundamentales para el país como el Dane y la Superintendencia de Sociedades.
El proyecto presentado por el exministro de Justicia santista Enrique Gil Botero, que pretendía sacar de circulación 11 mil leyes obsoletas, al parecer también ponía en jaque otras funciones estatales, según advirtieron en su concepto enviado al Congreso el jefe de Estado y la ministra de Justicia, la barranquillera Margarita Cabello Blanco.
Entre las disposiciones que 'no pueden perder vigencia ni desaparecer del sistema jurídico colombiano, por las consecuencias que se causarían' se encuentra el decreto 2666 de 1953, por el cual se crea del Dane, entidad encargada de las estadísticas oficiales del país, entre ellas el censo oficial de la población nacional, clave para la formulación de políticas públicas en Colombia.
El Gobierno también advirtió en el oficio al Legislativo, que deberá avalar o negar las objeciones de Duque, que cuestiona el articulado aprobado por 'la evidencia de errores en la inclusión de normas de rango legal que no están realmente afectadas por los fenómenos jurídicos asignados en el proyecto de ley'.
Por ejemplo, por el borrón de la Ley 58 de 1931, que crea la Supersociedades, organismo técnico, adscrito al Ministerio de Comercio, que vigila y controla las sociedades mercantiles. Aquí, el Ejecutivo puso de presente que no se debe suprimir dicha norma debido a que no hay una posterior que justifique su creación ni existe otro ente que cumpla con la misma función.
Por lo anterior y sobre todo ante el llamado urgente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Duque objetó el pasado martes parcialmente, por inconveniencia, el proyecto de ley que se llevaba consigo nada más y nada menos que la Ley 600 de 2000, que es el antiguo sistema penal, código por el que se rigen los procesos en el máximo tribunal de la justicia ordinaria.
La Presidencia de la Sala de Casación Penal de la Corte envió el pasado 9 de julio una carta a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República en la cual pedía que se objetara el proyecto de ley que afectaba el sistema penal de la corporación que lleva los procesos contra los altos aforados constitucionales.
Por este código penal, además, se llevan igualmente los procesos más antiguos de la Fiscalía, los que datan de antes de 2005, año en que entró en vigor el nuevo sistema penal acusatorio o la Ley 906 de 2004.
