La última campaña electoral que se daría este año en Colombia arrancó de manera formal este miércoles, cuando el Gobierno Nacional y los promotores de la consulta anticorrupción dieron a conocer los detalles de cómo se promoverá este mecanismo de participación popular que se cumplirá el domingo 26 de agosto.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, señaló que tras el decreto de convocatoria, el gobierno ya expidió una circular dirigida a los alcaldes y gobernadores para que diseñen y promuevan las estrategias de participación de la ciudadanía en la consulta popular.
Según Rivera, desde la fecha queda permitido hacer publicidad, encuestas y escrutinio de la misma, a la vez para que se inscriban los comités promotores a favor del Sí o del No.
El jefe de la cartera política indicó que para que está consulta sea válida deberán salir a votar ese día, al menos, el 33% del censo electoral, es decir, unos 12 millones de sufragios. De esa cantidad mínima de votos, la consulta en cada uno de sus siete puntos tendrá que tener como votos positivos, mínimo 6’130.000; solo de esa manera, el respectivo punto pasará.
Una de las promotoras de la consulta, la senadora Claudia López, resaltó el apoyo que le ha dado a la misma el presidente electo Iván Duque, como también otros sectores que estuvieron en la elección presidencial pasada, entre ellos los excandidatos Gustavo Petro y Sergio Fajardo.
Según López, 'la derrota contra la corrupción se va a dar como se tiene que dar, de manera libre con el voto de los ciudadanos', quien además anticipó uno de los eslogan que se tendrá para impulsar la misma 'vota 7 veces sí'.
Lo que busca. La consulta anticorrupción busca que los colombianos se expresen y apoyen las siguientes decisiones que se deberán reglamentar más adelante con leyes: reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos legales, que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel; establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo, que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes, en todo tipo de contrato con recursos públicos.
De la misma forma, establece la obligación de realizar audiencias públicas para definir el presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios; obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobbistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos.
