Los alcaldes de los municipios de Los Palmitos, Freddy de Jesús Rivera Pérez, y de Coveñas, Nilson Navaja Olivares, le han insistido a la justicia, a través de sus abogados, en su intención de recobrar sus libertades y más en este tiempo de festividades decembrinas.
Sin embargo, sus esfuerzos les han resultado vanos porque los jueces, argumentando que no han desaparecido los fines constitucionales que dieron origen a las imposiciones de las medidas de aseguramiento en establecimientos carcelarios, les han negado todos los recursos.
Quien más ha acudido a esas instancias para recobrar su libertad es Freddy de Jesús Rivera Pérez, quien a través de su abogado Inocencio Meléndez ha solicitado revocatoria y sustitución de la medida, pero ninguna de estas le ha prosperado.
El revés más reciente que tuvo fue el pasado viernes cuando el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Corozal le negó la revocatoria de la medida que le impuso el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Sincelejo y que le fue confirmada posteriormente por un juzgado del Penal del Circuito.
En su más reciente pronunciamiento el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Corozal no solo negó la revocatoria de la medida para el alcalde Freddy Rivera Pérez sino también para el exsecretario del Interior, Wilson Pineda y para el representante legal de la Fundación de Profesionales de Los Palmitos Visión Futuro, entidad con la que realizaron el contrato por 120 millones de pesos para la celebración de las fiestas en el año 2016.
Se la confirmaron
En ese mismo camino por lograr la libertad y no lo ha encontrado está el alcalde de Coveñas, Nilson Navaja Olivares, a quien hace pocas horas el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sincelejo le ratificó la medida de aseguramiento porque continúa siendo un peligro para la víctima que en este caso es la Administración Municipal de donde fueron ‘feriados’ más de 2.200 millones de pesos para un contrato de bilingüismo que no se ejecutó de la mejor forma.
A quien sí le fue bien con su solicitud fue a la interventora de ese millonario contrato de Coveñas, a la docente Zahelis María Buelvas, puesto que le concedieron la detención domiciliaria porque su defensa logró demostrar que su padre, que es una persona de la tercera edad, está bajo su cuidado y además ella está embarazada.
Los dos alcaldes son procesados por presunto peculado por apropiación y celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales, los mismos delitos que también tienen con detención preventiva, pero en sus residencias, a los mandatarios de San Antonio de Palmito, Alcides Pérez, y de Betulia, Fernel Avilez.
