Por Silvia M. Gloria De Vivo*
El conflicto armado en Colombia y especialmente en el Caribe ha afectado a los territorios de forma desigual, con variados niveles de intensidad. Esto ha contribuido a incrementar las brechas entre las regiones y subregiones, entre el campo y la ciudad y entre grupos poblacionales, dejando especialmente rezagados a los municipios rurales más apartados de las cabeceras urbanas principales.
Desde las negociaciones del Acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno y las Farc, se han venido desarrollando instrumentos orientados a fortalecer la gobernanza multinivel, así como a priorizar y articular las intervenciones e inversiones en estos territorios, en un intento por superar las inequidades que dieron lugar al conflicto armado (LOOT con las áreas de planeación; las áreas metropolitanas, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018; los Documentos CONPES 3822 de 2014: Contratos plan, 3867 de 2016: Estrategia de preparación institucional para el posconflicto y 3885 de 2017: Contrato plan Bolívar y Sucre).
Sin embargo, aunque reconocemos que es necesario avanzar en esta estrategia de fortalecimiento rural y de los territorios periféricos, no debe perderse de vista la importancia de las ciudades como ejes de desarrollo humano, social y económico, para construir una paz estable y duradera.
Ciudades: espacios de oportunidades y desafíos
Las ciudades son concentraciones espaciales de actividades humanas e interacciones sociales. Esto hace que sean los principales motores de la actividad económica – actualmente el 85% del PIB de Colombia se genera en las ciudades –; que en ellas sea posible alcanzar una mayor calidad de vida, con más amenidades, oportunidades de movilidad social y diversidad en los mercados de bienes y de trabajo, además de escenarios de mayores contactos persona a persona, los cuales las hacen terreno fértil para la creatividad y la innovación. Sin embargo, este mismo fenómeno de concentración demográfica, las convierte también en territorios de exclusión, discriminación, segregación, desempleo, fuerte presión sobre el medio ambiente y urgencia de avance efectivo en la mitigación de los efectos del cambio climático.
Las personas vienen a la ciudad en busca de acceso a servicios y bienes públicos esenciales, pero también de prosperidad, éxito y de la satisfacción de sus aspiraciones. Los ciudadanos esperan poder ejercer a plenitud su 'Derecho a la Ciudad', es decir, el usufructo equitativo de las ciudades dentro de principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. En otras palabras, tener la posibilidad de hacer ciudades para todos, que puedan ser usadas y disfrutadas en igualdad; ciudades prósperas que proporcionen bienestar a sus habitantes; ciudades integradoras, que puedan ser creadas por todos sus habitantes actuales y futuros, como espacios sociales justos, seguros, sanos, asequibles, resilientes, habitables y sostenibles.
Con el crecimiento, además de mayores demandas de servicios eco-sistémicos (agua, aire y biodiversidad), suelo, vivienda, transporte, alimentos y servicios públicos y sociales, entre otros, la gente que las habita requiere que las ciudades brinden oportunidades para vivir en familia y en comunidad, es decir, para ser mejores seres humanos, ciudadanos y profesionales, todo lo cual se hace más difícil de proporcionar en la medida en que la ciudad se hace más grande.
Aunque en términos generales, las zonas con mayor nivel de urbanización son las que presentan menores niveles de pobreza en promedio, si las ciudades no se interconectan adecuada e integralmente con los territorios que las rodean y no son capaces de consolidar relaciones de mutuo fortalecimiento, habrá dispersión territorial y migraciones indebidas hacia los centros urbanos, todo lo cual complejizará su gobernanza y profundizará las brechas respecto de lo rural. En igual sentido, si las ciudades no son capaces de ofrecer oportunidades para la prosperidad y la inclusión de todos sus habitantes, o estas oportunidades están restringidas a unos cuantos grupos o a unas determinadas partes de la ciudad, lo urbano se convierte en escenario de lucha y violencia.
Ciudades Caribe
De acuerdo con el estudio de la Misión Sistema de Ciudades 2014, las 2 aglomeraciones urbanas (ciudades funcionales que integran 33 municipios, 15 alrededor de Barranquilla y 6 alrededor de Cartagena) y las 7 ciudades unimodales del Caribe colombiano, luego de haber sido receptoras de importantes flujos migratorios a consecuencia de la violencia rural, el abandono institucional y el rezago socioeconómico, concentran hoy el 80,1% del total de la población de la Región y a 2050 reflejarán un mayor crecimiento.
Aunque es innegable que nuestros centros urbanos han experimentado una evolución importante, su incontrolado crecimiento les impone grandes retos que hacen necesarias políticas suficientes que promuevan la articulación, complementariedad y coordinación entre las ciudades y un proceso de descentralización que reconozca las diferencias, capacidades y necesidades entre ellas. Todo lo anterior, para que sea posible aprovechar los beneficios de la urbanización, promover la competitividad y la sostenibilidad y evitar situaciones de inequidad regional y nacional, que cobran mayor urgencia en el marco de la construcción de condiciones de paz.
Según el Índice de Prosperidad Urbana 2015 (ONU-Hábitat), las siete capitales del Caribe muestran una importante desigualdad en el ingreso, además de condiciones de inequidad urbana. La equidad urbana es la asequibilidad de bienes y servicios públicos para toda la población, de manera que el espacio urbano no contribuya a reproducir relaciones de inequidad social. Más allá del ingreso como medida de desigualdad, la inequidad urbana nos obliga a pensar en la inclusión de la población al entorno urbano como la conjugación de numerosos factores donde el ingreso es apenas uno entre un conjunto de variables que determinan la distribución del bienestar en la ciudad.
Adicionalmente, la precaria interconexión física, cultural, social y económica existente entre las urbes y los territorios rurales de la Región, pone en riesgo el desarrollo multidimensional de ambos entornos y con ello el éxito del proceso de paz.
La conjunción de estas situaciones y de otras de las que mucho se ha escrito (debilidad del modelo descentralizado y de gobernanza local; corrupción y desconfianza mutua; proceso de paz en medio del temor y la polarización ideológica; influencia de la globalización y nuevos retos en la forma en que construimos el conocimiento y la sociedad) ha generado nuevos y diversos conflictos, violencias e inseguridad en las ciudades, que desbordan el conflicto armado y que deben ser medidas, estudiadas y atendidas cuanto antes.
¿En qué concentrarnos?
En incorporar en el imaginario de quienes trabajan en la implementación de los acuerdos y las políticas para afrontar el posconflicto desde lo local, el renovado concepto de Derecho a la Ciudad que se erige como objetivo en la Nueva Agenda Urbana Hábitat III, planteando trabajar por ciudades compactas, incluyentes, resilientes, participativas, seguras y sostenibles. Además del concepto Prosperidad Urbana, a partir del que se definen una serie de provisiones que deben ser aseguradas para la totalidad de la población: inclusión política y social; equidad espacial (planificación urbana, densificación, diversidad social, terrenos asequibles, vivienda digna y crecimiento inclusivo); equidad económica y ambiental (provisión de servicios públicos básicos e infraestructura, empleo, movilidad, medio ambiente protegido, adaptación al cambio climático, instalaciones culturales, capacidad para la recolección y gestión de impuestos, cargas y beneficios, inclusión política y participación ciudadana, seguridad).
En consolidad un liderazgo fuerte en la coordinación entre los niveles de gobierno, entre las ciudades y su entorno territorial y entre las ciudades como sistema, además de un enfoque integrado que conjugue las medidas de renovación física con prácticas de fomento del desarrollo económico, de la inclusión social y de la protección ambiental.
Y en la articulación de la colaboración entre sociedad civil, academia y administración pública – en sus distintos niveles – como elemento indispensable de este proceso, porque la capacidad de compartir competencias y conocimientos a partir de lo local, es clave para identificar soluciones y lograr resultados sostenibles y a la altura de los desafíos urbanos.
*Decana Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales UNINORTE
