La Corte Constitucional ha recibido en las últimas semanas 11 demandas en contra del Acto Legislativo por la Paz o los resultados y convocatoria de la jornada de votación del plebiscito.
El último recurso fue una demanda elevada por el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, quien señaló que existió un preámbulo a dicha jornada de votación que originó restricción en el ejercicio del poder constituyente, por lo que 'debería declarárselo inconstitucional'.
Según Bustos, los colombianos no tuvieron la 'plena información, suficiente conocimiento y absoluta identidad' para poder votar el pasado 2 de octubre.
El presidente de la Red de Veedurías asegura que el Centro Democrático interfirió con actuaciones que –según él– el gerente de la campaña del ‘No’, Juan Carlos Vélez, reconoció.
'Se reconoce que el Centro Democrático realizó una estrategia de campaña fundada en la respuesta emocional de los electores y sobre supuestos que no eran ciertos, dado que no se hallan consignados en el texto de los acuerdos pactados', sostuvo.
Argumentando que por motivos del paso del huracán Matthew no se instalaron algunos puestos de votación, el abogado Hermann Garrido presentó otra demanda, con la cual busca que en la Costa se repitan las votaciones.
Al parecer, el senador del Centro Democrático Iván Duque interpuso una de las demandas más compactas contra el acto Legislativo para la Paz, con la que solicita que se tumben todos sus artículos.
Otra de estas fue presentada por Bayron Adolfo Valdivieso, contra el artículo quinto de dicho Acto Legislativo, la cual señala que todo lo indicado en el mismo estará condicionado a lo que los colombianos digan en la refrendación popular.
Al parecer, debido a las demandas, el mencionado artículo corre el riesgo de caerse por fallas de consecutividad en sus debates. De ser así, el presidente Juan Manuel Santos tendría la posibilidad de llevar a cabo los mecanismos fast track para efectuar los acuerdos de paz.
Otras demandas fueron interpuestas por el exconstitucionalista Jesús Pérez González; el concejal de la Familia, Marco Fidel Ramírez; María Fernanda Cabal; Juan Sebastián Fernández y Henry Carrasquila. Igualmente reposan en la Corte las demandas del abogado Jaime Hernán Ramírez, y Carlos Ramiro Eduardo Borja.
