Los diálogos de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc se extendieron por casi cuatro años, entre el 4 de septiembre de 2012 y el 24 de agosto de 2016. Experiencias previas internacionales demuestran que la nuestra ha sido una de las negociaciones más rápidas en la historia, si se tiene en cuenta que en El Salvador y Guatemala se tardaron más de 10 años (El Salvador 1984-1994 y Guatemala 1985-1996) y en Irlanda del Norte más de 20 (1987-2008).
Sin embargo, una negociación relativamente breve no se traducirá en un período igual de corto en su implementación. Esta última iniciará solo hasta que se refrende el acuerdo a través del plebiscito, si ello llegara a ocurrir, y seguramente no tomará menos de diez años en completarse, como ha afirmado en distintas ocasiones el Alto Comisionado para la Paz en Colombia, Sergio Jaramillo.
Esto se debe a que no son pocos los retos que tendrá la materialización de los propósitos que integran el acuerdo, que incluyen la puesta en marcha de medidas de gran complejidad técnica y que requieren recursos económicos y humanos importantes, además de una fuerte capacidad de gestión, sobre todo en las regiones que han sido más afectadas, las cuales han sido justamente las que mayor pobreza, desigualdad y debilidad institucional han sufrido.
A continuación, una serie de expertos analizan a fondo los desafíos que enfrenta el punto 6 del Acuerdo, donde se describe no solo el proceso de implementación, sino de refrendación y verificación de lo pactado en La Habana.
Más información para la refrendación
Brenda Blanco
La refrendación de los acuerdos mediante el Plebiscito del 2 de octubre tiene como principal desafío la legitimidad y el respaldo de la ciudadanía a lo pactado. La falta de pedagogía sobre los puntos que progresivamente fueron negociándose y la polarización creciente mediada por la desinformación e interés de sectores en contra de la negociación, requieren estrategias claras para la vinculación de la población colombiana. Las implicaciones sociales, políticas, económicas y culturales de los acuerdos deben develarse para que haya un voto genuinamente informado. De otra parte, debe permitirse la participación ciudadana en los planes de desarrollo, la política pública y las veedurías en las regiones.
Para la sociedad civil es necesario comprender que el compromiso con la refrendación no se puede entender como un cheque en blanco a favor del Gobierno. La agenda nacional se enfrenta a políticas distantes del espíritu de los acuerdos. Las Zonas de Interés para el Desarrollo Rural y Económico (Zidres), la política minero energética, la militarización de la vida cotidiana, la criminalización de la protesta social, las políticas de fortalecimiento del poder militar a través del Fuero Militar o las facultades exorbitantes conferidas a la Policía Nacional en el nuevo Código de Policía, se constituyen en importantes riesgos para la real implementación.
Riesgo para la verificación y las garantías
En esta fase, la implementación de estrategias para el desmonte efectivo y verificable del paramilitarismo y las garantías de protección para defensores de Derechos Humanos, víctimas y líderes sociales, es vital para la materialización del proceso. Se requiere la puesta en marcha de la Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición, que debe revisar integralmente las políticas de seguridad y la doctrina militar; los antecedentes de servidores públicos y los archivos de inteligencia relacionada con eventos de vulneración de Derechos Humanos; los criterios de presencia de militares y bases extranjeras en el país; el traslado de la policía hacia el poder civil y la restricción de la justicia penal militar al exclusivo ámbito de los delitos típicamente militares.
Es indispensable la verificación por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los aspectos de Derechos Humanos contenidos en los Acuerdos de la Habana. En la etapa de transición de un país en conflicto a uno en paz, la verificación del cese de hostilidades y dejación de las armas por parte de Naciones Unidas es importante, aunque insuficiente, y por tanto se hace necesario incorporar a las labores de verificación internacional los aspectos de Derechos Humanos.
Superar el conflicto armado requiere también de dar un paso en la construcción de una paz completa. Tanto el gobierno nacional como el ELN requerirán de compromisos y acuerdos claros como acciones de buena voluntad que pueda generar confianza en el proceso tales como el cese bilateral de hostilidades. Igualmente, que se pueda considerar el inicio de un dialogo exploratorio con el EPL.
Finalmente, el papel de los medios de comunicación en épocas de posconflicto es clave para la construcción de memoria histórica, la reconciliación y consolidación de una cultura de paz, vincularlos a iniciativas de una nueva ética pública en construcción de paz, será esencial.
No será un proceso corto
Javier Tous
La implementación puede sonar como algo que ya está listo, pero lo cierto es que necesita ser construido: su elaboración empieza con la creación de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo, un día después de la firma del Acuerdo Final. Este es el motor de la implementación de los acuerdos.
El primer gran reto para la Comisión es definir qué zonas se priorizarán para desarrollar programas encaminados a impulsar la Reforma Rural Integral y el establecimiento de 16 circunscripciones especiales que tendrán representación en la Cámara de Representantes. El papel de la Comisión en este año será decisivo porque tendrá que establecer el cronograma de la implementación. Este proceso durará seguramente más de diez años.
La clave será la participación.
La clave de la implementación de los acuerdos es la participación de todos los estamentos de la sociedad. El discurso es que la paz se construye desde las regiones: por ello el papel de los municipios, gobernaciones y secretarías es importante. Sumado a esto debe haber una perspectiva integradora; ver la implementación, no como un proceso aislado, sino como uno dinámico con muchos escenarios posibles.
En este sentido, las empresas privadas tendrán que vincularse. De las grandes secuelas de todo el conflicto armado, unas importantes son las que le ha dejado al desarrollo y es innegable que los grandes motores de la economía son las empresas. Hay que establecer puentes con los empresarios para vincularlos en todo este proceso, no desde una perspectiva simple de dar trabajo, sino de contribuir activamente al diseño de los cambios que necesita el país.
Cambio cultural
Hay algo que creo que no se ha trabajado bien y es el tema de cambio cultural. La sociedad tiene que prepararse para enfrentar este proceso desde una perspectiva sociocultural. Los ciudadanos tenemos que estar preparados para convivir en armonía con los desmovilizados.
Reglamentación simultanea
Camilo Sánchez
En materia de implementación uno de los retos más grandes es la necesidad de hacer una reglamentación casi simultánea y muy rápidamente, de asuntos técnicamente muy complejos: la creación de instituciones, el diseño de regulaciones sobre temas de desarrollo rural, justicia penal y agraria, participación en asuntos públicos y políticos, entre otros.
De igual manera, toda esta nueva institucionalidad va a tener que arrancar muy rápido en temas en los que no se tiene mucha experiencia; por tanto, otro enorme reto es la selección y preparación de personas que puedan cumplir cabalmente con todas estas funciones.
El tercer reto será cómo bajar los contenidos del acuerdo a la política territorial, especialmente a los lugares en donde, o bien no hay presencia del Estado, o donde sus instituciones están tomadas por redes de corrupción.
En materia de verificación, como siempre, el tema de la garantía del desarme es un desafío enorme. Garantizar efectivamente que se entreguen todas las armas que son y que puedan ser correctamente identificadas y luego destruidas. En este asunto la verificación técnica internacional será vital.
