La Región Caribe presenta algunas características similares al diagnóstico nacional del campo, pero muestra indicadores mucho más dramáticos. Un informe de 2014 de la Corporación PBA, organización que propende por el desarrollo rural sostenible, muestra que el coeficiente de concentración de la tierra en la Región es de 0.78 (entre más cercano es el valor a 1, la posesión de la tierra recae en menos individuos). Además, solo una tercera parte de sus ocupantes registra títulos formales y de 5 millones de hectáreas aptas, solo se utilizan 700.000 para la producción agrícola por lo que, en consecuencia el 60% de alimentos requeridos por la población costeña vienen de fuera de la Región.
Diversos factores tienen influencia en lo anterior según la Corporación PBA, entre ellos, las precarias condiciones de las vías, el acompañamiento técnico deficiente, la pobre infraestructura de riego y las dificultades para acceder a créditos, lo que ha generado obstáculos para la producción regional. A lo anterior se suma un intenso conflicto por el uso del suelo rural y el crecimiento sostenido de las áreas destinadas a la ganadería extensiva.
Esta última ha sido la principal actividad agropecuaria de la Región y al tiempo la que mayores conflictos sociales ha generado, debido a factores que según analistas del tema son el escaso empleo de mano de obra que requiere, la subutilización de tierras aptas para la agricultura y las formas que históricamente han sido utilizadas para la apropiación y ampliación de los predios ganaderos. En la Región se utilizan actualmente 6,1 millones de hectáreas para ganadería, aunque, de acuerdo con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), solo 2 millones cuentan con vocación real para esta actividad.
A estas cifras podrían agregarse las del Departamento Nacional de Planeación que declaró que para el 2013 la pobreza rural en el Caribe era del 68.2% y los datos de la CNRR que determinó que la mayor proporción de tierras abandonadas por desplazamiento se dio en la Región Caribe seguida de la Amazonía, Orinoquía y la Región Pacífica.
Las deficiencias en salud, educación, seguridad alimentaria, servicios públicos y empleo en la Región Caribe se derivan de sus condiciones de pobreza, mucho más severas que las del país en su conjunto. El Índice de Pobreza Multidimensional de 2013, arroja que el porcentaje de personas en pobreza en el nivel nacional fue del 24,8%, en tanto en la Región Caribe fue del 37,4%, solo superada marginalmente solo por la región Pacífico (37,6%).
Características del campo
El Caribe tiene 13.22 millones de hectáreas, que representan el 11.6% de la superficie total del país. 1.88 millones de estas hectáreas se encuentran en resguardos indígenas, 1.97 millones en parques. El resto está distribuidas entre centros urbanos y predios rurales.
De acuerdo con Paola García, profesora del departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de Uninorte e investigadora del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de propiedad agraria, una cifra que nos permite tener una idea de las características de los predios rurales es el promedio de hectáreas por propietario (privado de uso agropecuario). Este cálculo, elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en 2009, muestra que el promedio más alto están en La Guajira con 58.8, Cesar con 53.09 y Magdalena con 41.93. Los promedios menores son los del Atlántico con 13.8% y San Andrés con 0.68%
'Esto no nos permite intuir que los predios más grandes son los de La Guajira y los de San Andrés los más pequeños, teniendo en cuenta la conocida superpoblación de este último', explica la investigadora.
Mala distribución de la tierra
La tierra en la Región Caribe se encuentra mal distribuida en pocos predios y muy pocos propietarios. Con base en datos del IGAC de 2011, el coeficiente GINI de concentración de tierras en el país era de 0.86 y el de la propiedad de 0.88 (siendo 1 la concentración total del territorio en un predio o un propietario). Aunque el Caribe presenta cifras inferiores, estas siguen siendo preocupantes. La peor distribución se encuentra en Sucre y la menos mala en La Guajira 'que sigue siendo una cifra terrible', según la investigadora Paola García.
Si se mira por municipio, García destaca el caso de Tolú Viejo (Sucre) 'en el que pareciera que casi hay un solo propietario'; su coeficiente de concentración de propiedad es 0.982. Le siguen Tierralta (Córdoba) con Zambrano (Bolivar) con 0.878 y 0.869 respectivamente
La Corporación PBA describe estos indicadores de desigualdad como uno de los más altos del mundo, los cuales se asocian a la transferencia violenta de bienes a narcotraficantes, grupos armados y otros actores.
'Los argumentos iniciales de muchos académicos y las Farc, es que el mal reparto de la tierra está en la base del conflicto colombiano, pero también el conflicto profundizó esa mala repartición', agregó García.
Conflictos en el uso del suelo agrario
La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) mantiene que las dos zonas con más potencial agrícola en el país son la Andina y el Caribe. Esta última tiene 5.351.000 hectáreas que tienen vocación agrícola, la mayoría en los departamentos de Magdalena, Córdoba y La Guajira.
La investigadora Paola García explica que esto se debe a que la ganadería ha sido considerada, en tiempos de guerra y de cambios climáticos, una actividad más segura que la agricultura, que no está tan expuesta a los fenómenos del niño y la niña y resulta menos expuesta a los avatares que ha generado el conflicto armado. 'Un campesino que invierte mucha tierra y dinero en un cultivo del que deriva su sustento, y se desplaza, lo pierde todo. Pero si tiene una vaca, tiene la opción de venderla. Es una alternativa sensata frente al riesgo, que se ha profundizado por el conflicto armado', explica la investigadora.
El IGAC presentó en 2014 un ‘anti-ranking’ de los departamentos con mayores conflictos de uso de suelo en Colombia. Sucre ocupa el segundo lugar a nivel nacional con el 42% ciento de sus 1.072.826 hectáreas siendo sobreutilizado y el 36% subutilizado (un total de 78%). A nivel de la Región Caribe, le sigue Atlántico con un total de 73% y Magdalena con 65%.
'Eso es un escenario muy negativo, pero los escenarios malos nos presentan oportunidades enormes de mejorar. En el caso de Sucre tenemos 78% de tierras que podemos utilizar mejor y esa será nuestra tarea: buscar cómo se ordena el territorio, pero incorporando de manera adecuada tierras a la producción, sin oponerse los objetivos del punto 1 de los acuerdos, es decir, cambiando ese mal reparto de tierras'.
Desconocimiento de baldíos
Según la Corporación PBA, para los efectos del acuerdo, el Gobierno no cuenta con un inventario sobre los baldíos disponibles a nivel nacional y hay poca claridad sobre cuáles son susceptibles de ser entregados a campesinos y empresarios del campo.
La Región Caribe presenta un escenario distinto. La Corporación PBA sostiene que existen baldíos para adjudicar en los departamentos de Bolívar y Magdalena y en un margen mucho menor en Atlántico o Córdoba. Sin embargo, la ausencia de un tratamiento real del tema aleja las posibilidades de una discusión real democrática sobre el particular.
El problema del catastro
Entre los ejes que propone el punto 1 del acuerdo de paz se encuentran los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET), los cuales buscan lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad.
Los actores institucionales encargados de poner los PEDT en marcha son los departamentos y, especialmente los municipios, quienes tendrán que asumir ciertos costos como la construcción de vías terciarias.
Este dinero deberá salir de fuentes de ingreso tales como el cobro impuesto predial. Pero actualmente en gran parte de los municipios del país se presenta un escenario de catastros demasiado desactualizados. En 2011, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, municipios como Luruaco y Manatí habían actualizado por última vez el catastro en 1996.
'El problema de esta situación implica que no solo no se actualizan características de los predios, sino que se están cobrando prediales sobre precios valorados hace dos décadas por lo que el recaudo siempre termina siendo muy bajo', afirma la investigadora Paola García.
La experta añade que este es un problema que el nuevo catastro multimodal tendrá dificultades en revertir 'porque los municipios no tienen suficientes recursos para hacer este ejercicio y porque no hay incentivos en el sistema político para que lo hagan. A la gente no le gusta pagar impuestos y cualquier alcalde que quiera hacer esa actualización resulta antipático'.
