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Dado el actual contexto de negociación entre el Gobierno y las Farc, en el cual se está tratando de sentar las bases para la finalización de un conflicto armado de más de 50 años, es necesario hacer una revisión a las prácticas fuertemente arraigadas que por décadas han moldeado y conformado todas y cada una de las esferas del Estado, especialmente aquella que involucra al sistema político colombiano.

Un sistema que durante años se ha distanciado de la estrecha relación que existe entre la legitimidad de esta estructura y 'la capacidad ciudadana de intervenir en la elección de sus gobernantes y, de una manera directa o indirecta, de incidir en el proceso de elaboración de las políticas públicas', así lo manifiesta Ángel Tuirán, profesor investigador de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Uninorte.

En este sentido, Tuirán explica que con lo acordado en materia de participación política en La Habana se busca implementar una serie de ajustes institucionales en este sistema, los cuales garanticen 'una nueva apertura democrática que promueva la inclusión política como mecanismo para consolidar la paz; una mayor participación ciudadana; y, por último, la implementación de mecanismos para asegurar que desaparezca el vínculo entre la política y las armas'.

Unos objetivos que no serán de fácil alcance, pues además de la aceptación ciudadana respecto a lo que se ha pactado en este punto, la implementación de este acuerdo deberá enfrentarse a otros grandes retos y desafíos en las regiones. Unos obstáculos de los cuales, según asegura el experto, el clientelismo sería el de mayor impacto en la conformación, ejercicio y control del poder político.

El clientelismo político

De acuerdo con el también director del Instituto de Desarrollo Político e Institucional (IDEPI), se podría definir al clientelismo como el desvío de recursos públicos a favor de la maquinaria política, cuyo fin es favorecer el intercambio de favores contra votos. 'Un fenómeno recurrente en la historia política colombiana, que encuentra sus causas tanto en el carácter elitista del sistema político, como con la debilidad del Estado, y el cual está fuertemente relacionado con las viejas relaciones feudales impuestas desde la Colonia y aún persistentes en ciertas áreas urbanas y rurales del caribe colombiano', añade.

Tuirán expone que este tipo de clientelismo funciona a través de un conjunto de prácticas y redes de intercambio, con las cuales 'los candidatos y casas políticas buscan maximizar sus beneficios personales o políticos, intercambiando bienes y/o servicios con la población, a cambio de su apoyo electoral'.

Esta modalidad, que tiene como protagonistas a varios de los actores políticos del país –quienes en muchos casos han instrumentalizado tanto reformas descentralizadoras, como la elección popular de autoridades y los mecanismos de participación para establecer relaciones desiguales de poder–, cuenta con unas características importantes como lo son que 'está conformado por redes electorales de menor tamaño donde los elementos ideológicos tienden a desaparecer; la naturaleza de los recursos a intercambiar son de origen público y privado; y tiende al fraccionamiento de los partidos en miles de redes clientelistas, por esto ha sido catalogado como un modelo de micro-empresas electorales', afirma el profesor.

Efectos sobre la política de la región

Son muchas las consecuencias que este fenómeno tiene sobre el sistema político colombiano y de la región, principalmente por el hecho de ser este un Estado considerado como 'débil institucionalmente'.

Así pues, uno de los efectos que destaca Tuirán es la afectación de la calidad de la democracia, ya que 'instrumentaliza al elector y desvía recursos públicos para satisfacer intereses particulares. Al tiempo, que impide la materialización del voto libre y crea condiciones para el desarrollo de delitos electorales relacionados con la inscripción de cédulas, los escrutinios, las calidades de lo candidatos y la financiación las campañas políticas'.

Lo cual en la región se ve plasmado en los múltiples municipios del caribe colombiano, que situados en la llamada periferia del país cuentan con una débil capacidad institucional y son carentes de una sociedad civil consolidada, lo que los hace territorios propicios para este tipo de prácticas. 'Según el último informe de MOE, en las elecciones locales del 2015, el 29% de los municipios que conforman la región caribe, presentaban algún tipo de riesgo electoral', sostiene el investigador.

Finalmente, Tuirán plantea los diversos efectos que traería consigo el clientelismo en un posible ejercicio democrático en el que sea participe el movimiento político que creen las Farc una vez finalice el conflicto armado.

En este escenario, tanto el clientelismo como las irregularidades asociadas a este fenómeno, afectarían la ampliación de los espacios democráticos en las regiones obstaculizando la reinserción y participación política tanto de quienes dejan las armas como del conjunto de los ciudadanos, 'principalmente en algunos territorios de la Región Caribe, donde existe la posibilidad de que la ciudadanía pueda ser manipulada por incentivos de aquellos actores políticos que buscan actuar por fuera de las normas del sistema democrático', afirma.

En ese sentido, es necesario aprovechar la ventana de oportunidad que representaría la implementación de los acuerdos de la Habana, para consolidar la Paz territorial 'estableciendo un conjunto de prácticas y normas que contribuyan a fortalecer el sistema democrático y produzcan bienestar', concluye Tuirán.

Para entender

El clientelismo político se define como un intercambio extraoficial de favores, en el cual los titulares de cargos políticos ofrecen beneficios como inversiones a empresas privadas, licitaciones a obras públicas y puestos en todos los sectores, a los cuales tienen acceso por medio de su función pública y muchas veces con fondos del Estado, a cambio de apoyo electoral.

A diferencia de la simple compra de votos, en el clientelismo se crean fidelidades, tradiciones y cadenas de favores que ennegrecen el ejercicio de la política.