La Comisión de Instrucción del Senado de la República, encargada de estudiar el caso del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt Chaljub, entregó este miércoles su informe en el que pide a la Corte Suprema de Justicia investigar al togado cordobés por el delito de concusión y a la plenaria del Senado declarar su indignidad para que quede así separado de su cargo.
El informe resuelve: 'Admitir la acusación contra el doctor Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, (...) proferida por la plenaria del honorable Cámara de Representantes el día 15 de diciembre de 2015, por el delito de concusión'. Además de 'continuar en el Senado de la República el juicio político por indignidad'.
Pretelt viene siendo investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes desde marzo de 2015 cuando el también magistrado de la Corte Constitucional, Mauricio González, lo acusó por supuestamente haber recibido dinero para direccionar un millonario fallo de tutela a favor de la empresa Fidupetrol, lo que se convirtió en el mayor escándalo en la historia de la Corte Constitucional.
El informe de la Comisión de Instrucción, que acogió los argumentos de la Cámara, será oficialmente recibido por la plenaria este jueves a las 10 de la mañana y en él se encuentra a Pretelt responsable del delito de concusión, que se refiere al pedido o exigencia de dinero de un servidor público a un particular abusando del cargo o funciones que detenta.
El presidente del Congreso, Mauridico Lizcano, precisó que la plenaria de este miércoles 'no se trata de un juicio, si no de un trámite para decidir si se acepta o no el informe'.
De ser acogida la petición de la comisión por parte de la plenaria, el magistrado será suspendido de su cargo en la Corte Constitucional, y se iniciará un juicio político en su contra por indignidad en el cual se enfrenta a la separación definitiva del alto tribunal.
'Si se vota la aceptación de la resolución del informe que trae la Comisión de Instrucción, inmediatamente el magistrado queda, una vez se notifique de la decisión queda suspendido, separado del cargo', afirmó Lizcano a Caracol Radio.
Esta sería la primera sanción que impone el Congreso a un funcionario aforado desde el juicio al general Gustavo Rojas Pinilla en 1959.
Además, el Senado decidirá si corresponde a la Corte Suprema de Justicia investigar si efectivamente Pretelt es culpable del delito que se le acusa y por el que enfrentaría penas de prisión de cuatro a ocho años, más multas de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como la prohibición a ocupar cargos públicos durante el mismo tiempo de la sanción.
Para el senador Jose Obdulio Gaviria, que sirvió como senador instructor de la comisión y pidió que el proceso fuera declarado nulo por faltas al debido proceso, aunque el Senado separe del cargo a Pretelt, la Corte Suprema terminará declarando la nulidad de la investigación.
'Eso no aguanta ni un brinco, son muy protuberantes los errores', afirmó Gaviria en conversación con EL HERALDO.
El senador del Centro Democrático dijo que la mayoría de la comisión 'optó por continuar con la misma celeridad y falta de juicio y de diligencia con que se ha adelantado todo el proceso desde la Cámara de Representantes'.
La suerte del magistrado cordobés queda atada al voto de los senadores.
Este es una de las páginas del informe:
