El argumento planteado por la Corte Constitucional para tumbar gran parte de la reforma al equilibrio de poderes, podría poner a pender de un hilo todas las reformas de implementación a los acuerdos de paz que debe estudiar este alto tribunal.
En su fallo, la Corte determinó que por 'sustitución a la Constitución' era inexequible cambiar el órgano que administra la Rama Judicial del Consejo Superior de la Judicatura al Consejo de Gobierno Judicial. Dicho cambio, al entendido de los magistrados, violentaba la arquitectura judicial que instauró la carta magna de 1991 y violentaba la autonomía de la Rama para manejarse a sí misma.
Más allá de la polémica que generó la decisión, frente a si la Corte estaba entrando a suplantar las funciones del Congreso como legislador o desconocía sus facultades para reformar la Constitución, este fallo sienta un precedente de cómo podría el alto tribunal tratar las reformas en materia de paz, como el Acto Legislativo para la Paz, el blindaje jurídico y la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Así lo advierten expertos como la directora de la Corporación Excelencia por la Justicia, Gloria Guerrero, quien afirma que la Constitucional 'está subiendo los estándares de la sustitución de la Constitución y si se suben esos estándares lo más seguro es que tampoco van a pasar nada de los temas de paz'. Para guerrero, el cambio en la administración de la justicia que proponía el equilibrio de poderes no sustituía la Constitución, por lo tanto asegura que la decisión que tomó la Corte estuvo encaminada a 'mantener el ‘status quo’ de la Rama Judicial'.
Aunque los parámetros que configuran una sustitución a la Constitución no son del todo claros y están a discreción de la Corte Constitucional, para el exmagistrado Jaime Arrubla, lo determinado por el tribunal a pesar de ser 'discutible', se compagina 'con la jurisprudencia que sobre la sustitución de la constitución ha venido desarrollando'.
Arrubla señala que si la Corte consideró que cambiar el gobierno de la Rama del Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa a un Consejo de Gobierno diferente, pero que seguía cumpliendo prácticamente las mismas funciones era sustituir la constitución, 'con mayor razón tiene que sostener, por ejemplo, que el tribunal especial que se crearía por los acuerdos de La Habana (...) tendría que caerse'.
Recuerda el exmagistrado que la propia presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello, ha afirmado que dicha jurisdicción especial sustituye, 'al menos en parte', a la Corte Suprema. 'Esto crea un precedente, si se quiere hacer coherente con el análisis, pues puede poner en peligro esa creación de esa jurisdicción especial en los términos que está en los acuerdos', reitera.
El recién aprobado por Acto Legislativo y el blindaje jurídico al Acuerdo Final, que en él se establece, también podrían correr peligro, toda vez que debe ser estudiado por la Corte antes de entrar en vigencia. Al respecto, Arrubla subraya que 'volver del bloque de constitucionalidad los acuerdos especiales que tienen que ver con el Derecho Internacional Humanitario es una cosa, pero todo lo acordado tiene que ver con el DIH, como participación en política, tema agrario, narcotráfico y justicia; eso puede poner en vilo el tema de la sustitución de la Constitución'.
¿Cómo quedó la Comisión de aforados?
Con el Consejo de Gobierno Judicial declarado como inexequible por la Corte Constitucional, peligraba también la Comisión de Aforados, órgano que reemplazaría a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y que estaría encargado de investigar y acusar a los magistrados de las altas cortes y al Fiscal General.
Durante gran parte del jueves el futuro de esta comisión fue incierto, ya que la elección de los miembros que la integran estaría a cargo de un concurso de méritos dirigido por el Consejo de Gobierno Judicial. Al caerse dicho Consejo de Gobierno por el fallo de la Corte, la Comisión de Aforados y el proyecto de ley que tramita el Congreso para reglamentarla, quedaron en el limbo.
Sin embargo, la Corte Constitucional emitió en horas de la tarde un comunicado aclaratorio en el que precisa que las funciones que tenía el Consejo de Gobierno Judicial ahora pasarán al Consejo Superior de la Judicatura, es decir, esta Corte será la encargada de designar a los miembros de la Comisión.
Intento fallido de reforma la justicia revive el debate de la Asamblea Constituyente
La decisión de la Corte dejó herida de muerte a la reforma al equilibrio de poderes y consideró que 'el Congreso de la República se había excedido en el ejercicio del poder de reforma constitucional'. En últimas, impidió el más reciente intento de reforma estructural a la Rama Judicial, iniciativa que ya ha fracasado por lo menos ocho veces en el pasado, lo que despertó la indignación de los congresistas quienes revivieron el viejo debate sobre la viabilidad de una Asamblea Nacional Constituyente.
Así lo expresó el presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, quien calificó de 'antidemocrático' el fallo emitido por la Corte. Para el senador liberal, que se tumbara una de las partes esenciales de la reforma al equilibrio de poderes fue un golpe duro a la democracia participativa y a la posibilidad de que los congresistas, que fueron elegidos popularmente, determinen cómo se administran más eficazmente los recursos de la justicia. 'Es claro que no queda camino distinto a una asamblea constituyente’, afirmó Velasco.
Junto a Velasco está el senador de La U Armando Benedetti, quien afirmó que 'la constituyente es la única vía de empezar a organizar de verdad el Estado porque es obvio que ellos están sacando un fallo en favor suyo nada más, es algo absurdo, aquí no habían vicios de forma para haber tumbado ese tema y esto demuestra que ellos son los que legislan'.
Paloma Valencia, del Centro Democrático; Claudia López, de la Alianza Verde; Viviane Morales, del Partido Liberal; entre otros legisladores, también pidieron una constituyente como única vía para reformar la justicia sin pasar por el control, o el obstáculo, de las altas Cortes.
Desde la sociedad civil, voces como la de Gloria Borrero, directora de la Corporación Excelencia por la Justicia, también ven en la constituyente la única salida para solucionar los problemas de la justicia: 'lo que nos queda ahora como ciudadanos es promover una Asamblea Nacional Constituyente, las reformas a la justicia todas se caen por interferencia de la misma Rama Judicial'.
El Gobierno, por su parte, calificó de 'inconveniente' convocar una asamblea constituyente, aunque afirmó, por medio del ministro Juan Fernando Cristo, que entiende las voces que piden esta solución y que al conocer la totalidad del fallo evaluarán cómo proceder.
