Desde este sábado empezó a regir el nuevo precio del ACPM, un alza decretada por los Ministerios de Minas y Energía y el de Hacienda hace solo un día y que el presidente Gustavo Petro defendió.
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Ambas carteras decidieron ajustar en $1.904 el precio de venta al público del galón del combustible con el propósito de tapar el hueco fiscal “histórico” que deja la venta del diésel que, a 2024, ya suma $115 billones de pesos.
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Y es que actualmente, según indican Minhacienda y Minminas, cuando un consumidor compra diésel en una estación de servicio, el consumidor paga menos del 50 % del precio que cobra el refinador o importador de ese combustible. El Gobierno nacional, por medio del FEPC, paga el resto.
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Frente a las críticas por el alza, Petro defendió la medida asegurando que no se puede “mantener el diésel congelado porque la deuda que se genera afecta es a los más pobres que dejan de tener recursos presupuestales para calmar el hambre y educarse”.
Al tiempo, instó a que el “pequeño camionero independiente” sea protegido con el alza “como se hizo con los taxistas y la elevación del precio de la gasolina”, sin embargo, no anunció medidas concretas.
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El jefe de Estado tuvo tiempo para tirarle vainazos a su antecesor: “Sé de la enorme influencia uribista de las directivas de las grandes empresas camioneras y de su deseo desde el primer día de mi gobierno de parar las carreteras y buscar lo que hicieron con Allende, pero los pobres no pueden ser sacrificados como hizo Duque con la gasolina”.
Finalmente, llamó a las superintendencias a que estén listas para investigar a empresas que decidan “cortar derechos” a la ciudadanía o que no traten bien a sus trabajadores y les impongan “condiciones leoninas de trabajo”.
