La Procuraduría General de la Nación informó este jueve que, a través de una agencia especial, verificará la activación de rutas de atención y de protección en favor de las cuatro menores de edad pertenecientes a la comunidad Embera, asentada en la UPI La Florida y el Parque Nacional, víctimas de presunto abuso sexual en diferentes casos identificados en Bogotá y Funza.
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Será el designado Procurador 246 Judicial I, Pablo Sergio Badillo García, quien intervendrá para determinar si se activó el mecanismo articulador para el abordaje de las violencias por razones de sexo y género, la activación de la ruta de acceso a la justicia y la adopción de medidas de protección en favor de las menores de edad.
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Igualmente verificará la apertura de los Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos y las medidas adoptadas en garantía de las niñas indígenas.
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La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer requirió a la directora regional del ICBF, Diana Arboleda, y al secretario Distrital de Salud, Gerson Orlando Bermont, un informe con las medidas de protección adoptadas en favor de las menores indígenas que habrían sido víctimas de abuso sexual.
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“Las mencionadas entidades deberán detallar la intervención y acompañamiento psicológico por parte del ICBF y del Distrito, para las menores de edad y su familia y demás acciones desplegadas en garantía de los derechos de las menores de edad, para asegurar el efectivo abordaje y garantía de su protección integral”, indicó el ente disciplinario.
