El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, representante de víctimas de las 'chuzadas' del extinto DAS, pidió ante las nuevas denuncias de posibles 'chuzadas' desde el Gobierno, reformar la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, tal y como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, al fallar contra el Estado colombiano en este caso.
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'A propósito de este grave hecho, hacemos un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que impulsen el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, que ordenó en el caso Cajar vs. Colombia, reformar la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia (ley 1621 de 2013), a efectos de que estas labores sean desarrolladas desde el respeto a los valores democráticos y estándares interamericanos de protección a los derechos humanos', indicaron las víctimas en un comunicado.
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Recordó además el colectivo de abogados que en dicha sentencia se reitera al Estado colombiano que las actividades de inteligencia deben estar orientadas a fines legítimos, realizarse por medios legales y gozar de controles jurisdiccionales de carácter civil, para evitar abusos o arbitrariedades por parte de las autoridades.
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Además, solicitó el Cajar, ante las recientes denuncias del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, sobre presuntas interceptaciones ilegales a sus comunicaciones, 'que la Fiscalía General de la Nación esclarezca prontamente el origen de estas acciones que interfieren en la actuación con garantías de la administración de justicia. Resultaría inaceptable que bajo este gobierno se estuvieran replicando acciones del pasado que constituyen violaciones a derechos como la intimidad, la vida privada, el debido proceso y el libre ejercicio de la magistratura judicial'.
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Por último, dijo el grupo de juristas: 'Valoramos que el presidente de la República de Colombia haya expresado de manera clara que no existe una orden gubernamental de adelantar acciones en contra de la oposición o la magistratura democrática, así como el inicio inmediato de acciones disciplinarias internas para esclarecer lo ocurrido. Sin embargo, consideramos que este mensaje debe ir acompañado de reformas estructurales a la doctrina e inteligencia militar y policial que fortalezcan la democracia, los derechos humanos y la administración de justicia'.
